La política de desarrollo urbano del Gobierno de la Ciudad segrega, excluye y profundiza las desigualdades sociales y territoriales. En una ciudad con una situación habitacional crítica, donde medio millón de personas no puede acceder a una vivienda adecuada, decide que las tierras fiscales sean utilizadas para desarrollar grandes emprendimientos inmobiliarios, inaccesibles para la gran mayoría de la población.
El operativo de ayer, que puso en riesgo a mujeres y niñes, y violó todo protocolo sobre desalojos, no es apenas una mancha en un proceso por lo demás virtuoso. La urbanización de la villa 31, presentada como un modelo de política habitacional inclusiva, tiene muchos problemas en su ejecución, y sus resultados están lejos de haber resuelto los problemas de les vecines. Se trata, en general, de un proceso muy poco participativo, y quienes se mudaron a los complejos nuevos denuncian la pésima calidad de las viviendas construidas.
De acuerdo a un relevamiento realizado en 2019 por el investigador Tomás Capalbo, del Instituto Gino Germani (UBA), el 100% de les habitantes del complejo La Containera que fueron entrevistades hizo al menos una vez algún reclamo a la Secretaría de Integración Urbana por problemas edilicios, el 74% indicó que posee filtraciones y un 70% tiene una deficiente instalación sanitaria. A su vez, el 13 % de las viviendas cuenta con fisuras en sus paredes.
El proyecto de urbanización debía ofrecer una solución a les vecines dentro del polígono del barrio. Muchas familias fueron relocalizadas de forma intempestiva y la mayoría de las relocalizaciones, como las de La Containera, se hicieron con escasa participación de les vecines. Se convocó a talleres donde apenas podían opinar sobre el color de las chapas.
Un informe publicado este año por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires llegó a conclusiones similares sobre la situación en el otro predio nuevo, denominado YPF. Estableció que “el complejo habitacional presenta anomalías, elementos metálicos en proceso de corrosión, instalaciones térmicas defectuosas para la provisión de agua caliente, inexistencia de canaletas, escaleras con roturas y fisuras, barandas inestables (…) También serias irregularidades como filtraciones, humedad, carencia de aislación acústica adecuada, rajaduras en pisos y paredes, deficiencias en servicios públicos esenciales y problemas en la climatización”.
Para quienes habitan el barrio, no existe ninguna perspectiva de mejora habitacional. El Gobierno de la Ciudad ha avanzado principalmente con mejoras superficiales y no existe ningún proyecto para urbanizar los sectores de viviendas históricas del barrio.
De acuerdo al último informe trimestral publicado por la Secretaría de Integración Social y Urbana, se mejoraron un total de 2386 unidades funcionales. Sin embargo, la mitad de ellas aún no tuvo inicio de obra y 785 de las que se terminaron corresponden al subprograma de mejoramiento de exteriores, que no se traduce en condiciones de habitabilidad adecuadas.
Sólo 308 unidades funcionales fueron mejoradas con el subprograma de mejoramiento integral y 14 son las que se encuentran con obra en curso. Con el subprograma “manos a la obra” se finalizaron 258 unidades funcionales y se entregaron proyectos de obras a 1179 vecines.
El mejoramiento integral se está ejecutando cada vez menos y el “manos a la obra” parece consolidarse como la única alternativa de les vecines. Pero este subprograma es la solución más precaria ya que la mano de obra y la logística quedan a cargo del destinatario, y el monto máximo a otorgar es realmente bajo. Es decir, el Gobierno porteño avanza con soluciones particulares y no en un proyecto de urbanización a mediana escala.
Las decisiones de política urbana del Gobierno porteño están orientadas a impulsar el desarrollo de la industria de la construcción y maximizar las ganancias del mercado inmobiliario, sin importar si lo que se construye contribuye a resolver el déficit habitacional de los sectores medios y bajos de la ciudad.