La información inicial del crimen de Lucas González se conoció a partir del primer parte enviado por la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Con el relato de los policías que habían disparado en Barracas se armó una primera versión, que fue recogida por los medios. Ahí se explicaba que los policías habían respondido a disparos que fueron hechos desde un auto en el que iban cuatro hombres. En ese texto se entregaban detalles de las detenciones, pero no se mencionaba la existencia de un arma en la escena que se describía. Unas horas después, un nuevo parte con más detalles informó que los policías encontraron una réplica de arma de fuego. El primer envío estaba titulado con la palabra “enfrentamiento” y el segundo “persecución y detención”. En este último, además, se acomodaba el accionar ilegal que tuvieron los policías.
En el primer parte se precisaba que personal de la Brigada de la Comisaría Vecinal 4C había intentado detener a un auto en el que iban cuatro hombres, en Vélez Sarsfield e Iriarte. Luego se mencionaba que ellos no quisieron frenar, que le dieron a la puerta del auto no identificado en que iban los policías y que entonces se produjo un tiroteo. En el texto informaron dos detenciones, la fuga de uno de los perseguidos y que un cuarto se “hallaba herido de bala en la cabeza” dentro del auto. A pesar de que se mencionaron los disparos cruzados no había referencia a armas, algo que, por más que fuera un anticipo de información, siempre está presente en los resúmenes de casos similares. Nunca se mencionó por qué motivos se intentó detener a la Suran en la que viajaban los chicos.
En la ampliación que llegó por la tarde, hay algunos detalles que parecen haber sido incluidos para mejorar la situación de los policías. Relata que los policías ven cuatro cuadras antes el auto, en Iriarte y Luna y que luego se les cruzan para identificarlos. Allí se sostiene que cuando los oficiales se bajaron del vehículo se identificaron y que luego de eso el otro auto aceleró. En esa fuga, siempre según la versión policial, el vehículo que tenía a Lucas y a sus amigos adentro, golpeó a un policía en la rodilla y se escapó en contramano. Más adelante, el parte refiere a dos detenidos, a que el que se había fugado se presentó solo en la comisaría y al llamado al SAME para atender a Lucas y al policía golpeado. Por último, explica la intervención del juzgado de Menores, que dispuso que el caso lo investigue la Policía Federal y que se haga un peritaje al auto. Allí, en la última línea, se menciona el secuestro “de una réplica de arma de fuego”.
Los nuevos datos del segundo parte, que aportan que los policías se identificaron y que había una réplica, fueron negados por los amigos de Lucas. Ellos contaron que el chico que manejaba aceleró precisamente porque pensó que en el auto iban ladrones. Los tres también sostienen que el arma de plástico que los policías aseguran haber encontrado en el baúl fue “plantada” mientras estaban esposados.
La Policía puede no portar uniforme ni identificación “por autorización expresa de la superioridad o cuando exista orden emanada de autoridad judicial”, según lo establece la ley 5.688. Por esa razón es importante que las autoridades del Ministerio expliquen qué tareas estaban realizando este grupo de policías.
La información que surge desde las comisarías no puede ser replicada sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales. Los cambios en este caso, que luego se investigarán, no parecen ser desprolijidades sino datos puestos para mejorar la situación legal de los oficiales. En esas primeras horas, el intento de encubrimiento del caso, a través de la instalación de la versión policial del operativo fue eficaz ya que comenzó con la investigación de los supuestos delitos cometidos por los cuatro jóvenes. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de CABA no explicó cómo es este circuito institucional de la información por el que se convalidan las versiones policiales sin ningún chequeo o intervención de la autoridad política.
Por otro lado, el Ministerio no explicó si tomó medidas en relación con la comisaría que informó el operativo en forma irregular. Tampoco qué hacía la Brigada de esa misma comisaría en un operativo de prevención sin identificación. Estos no son temas meramente judiciales, son cuestiones centrales para el gobierno civil de una policía con prácticas violentas arraigadas.
En este caso, la sumatoria de irregularidades de la intervención policial y los testimonios de los amigos de Lucas permitieron develar la versión policial, pero en muchos otros casos, menos graves y con menos visibilidad pública, las versiones policiales son las que prevalecen.
Hay una historia muy extendida en la Policía Federal de procedimientos ilegales que fueron comunicados como operativos exitosos. Entre los más recordados están los investigados entre 2000 y 2001 por la Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados, que lideraba Daniel Rafecas. Esos operativos se difundían por medio de los partes de prensa como exitosas detenciones de supuestos delincuentes. Pero en realidad habían sido convocados por la Policía con ofertas laborales y quedaban detenidos con el fin de “hacer estadística” y responder a una demanda política o institucional.