Nicaragua: Preocupación por la situación de los derechos humanos

Mientras se intensifican las denuncias por detenciones arbitrarias, restricciones a organizaciones sociales y otras violaciones de derechos, el Gobierno continúa sin cumplir las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de protección.

El próximo domingo 7 de noviembre, Nicaragua realizará elecciones generales en un marco de reiteradas violaciones a los derechos humanos e incumplimiento de las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de protección.

En marzo de este año, en la Resolución 46/2, el Consejo de Derechos Humanos señaló las continuas denuncias de violaciones de derechos, obstáculos y restricciones a las organizaciones sociales y de derechos humanos y represión a la disidencia e hizo una serie de recomendaciones al Estado. El gobierno intensificó las violaciones de derechos o adoptó medidas aún más regresivas que las que se venían registrando: ataques a defensores de derechos humanos, quita de personería jurídica a organizaciones, falta de garantías a la libertad de expresión y detenciones arbitrarias, entre otras.

Nicaragua vive una escalada autoritaria desde las protestas de abril de 2018, que fueron duramente reprimidas. Un informe de la organización nicaragüense CENIDH en conjunto con la FIDH señala que este proceso se dio por etapas, pasando de la violencia en las calles a la regulación de medidas arbitrarias para restringir el debate democrático y la defensa de los derechos humanos en el país.

Entre abril de 2018 y agosto de 2021, la CIDH registró 328 víctimas fatales, 150 estudiantes expulsados del país y más de noventa periodistas exiliades, veintiuno de elles entre julio y agosto de este año. A partir de octubre de 2020 se quitó la personería jurídica a cincuenta organizaciones no gubernamentales, treinta y nueve de ellas desde julio de 2021. Desde mayo de este año y a pocos meses de la elección fueron detenidas 39 personas, incluyendo siete precandidates presidenciales, dirigentes sociales, políticos y empresariales. La mayoría de las personas detenidas se encuentran incomunicadas y en los juzgados se niegan a dar información sobre los procesos. Algunas audiencias se estarían realizando de forma secreta, sin la presencia de sus abogades ni familiares.

Desde el CELS nos sumamos a las manifestaciones de solidaridad internacional y expresamos nuestra preocupación por la situación que atraviesa el pueblo nicaragüense, con consecuencias para toda la región.