GINEBRA- Una coalición internacional de organismos de derechos humanos, expertos en salud pública y organizaciones de la sociedad civil iniciamos acciones legales contra los EE.UU, el Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza. Estos países violan los convenios internacionales a los que suscriben, al permitir una distribución desigual y racista de la vacuna y de las otras tecnologías relativas al COVID-19.
En un llamamiento al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) de la ONU, alegamos que al no levantar las barreras de propiedad intelectual en todas las tecnologías médicas relativas al COVID-19 ni implementar de manera efectiva mecanismos de transferencia tecnológica, estos cinco países están violando la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, una convención de derechos humanos ratificada por casi todos los países del mundo.
Los países ricos que actualmente fabrican y acumulan vacunas son en su mayoría países de población blanca, mientras que los países que fueron colonias y hoy padecen la retención de vacunas son en su mayoría de población negra, indígena y racializada. La distribución desigual de las vacunas es un ejemplo de lo que es la discriminación racial estructural.
Solicitamos al CERD que obligue a los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza a “respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”, así como a tomar varias acciones inmediatas, que incluyen:
- exigir que los Estados demandados apoyen de inmediato, implementen y hagan cumplir una exención temporal de las barreras de propiedad intelectual sobre las vacunas, pruebas y tratamientos para el COVID-19 actualmente impuestas por el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, según lo solicitaron la India y Sudáfrica en octubre del 2020, y;
- ordenar transferencias de tecnología y conocimiento por parte de las corporaciones farmacéuticas, que sean relevantes para aumentar de inmediato la producción de estas tecnologías médicas que salvan vidas.
El CERD se reúne el 15 de noviembre en una sesión de una semana, que coincide con la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 30 de noviembre. La reunión ministerial de la OMC es una oportunidad clave para resolver el estancamiento de un año sobre la propuesta de romper el control del monopolio empresarial de tecnologías sanitarias para la COVID-19 mediante la concesión de una exención a los ADPIC.
La petición está acompañada por un escrito legal separado firmado por juristas de todo el mundo que concluye que estos Estados “bloqueadores” también están, con sus acciones, violando una serie de obligaciones de pactos y tratados de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Leé la denuncia completa en este enlace.
Firmantes
Los grupos solicitantes incluyen a la Alianza Africana (African Alliance), Centro para los Derechos Económicos y Sociales (Center for Economic and Social Rights), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Grupo por los Derechos de la Minoría (Minority Rights Group), Oxfam International y Campaña de Acción por el Tratamiento (Treatment Action Campaign). La petición fue coordinada por la Red Global de Abogados de Movimientos (de Movement Law Lab) y Red-DESC, y cuenta con el apoyo de SECTION27 y otras organizaciones dentro de People’s Vaccine Alliance.