A casi dos años de iniciado el debate oral y público, presentamos nuestro alegato en el tercer juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “El Vesubio”. Consideramos que durante el debate fueron probados 395 casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas, y solicitamos la condena de todos los acusados.
Pedimos al Tribunal Oral Federal nº 4 que se le imponga la pena de prisión perpetua a Roberto Horacio Aguirre, Olegario Domínguez, Florencio Gonceski, Milcíades Luis Loza, Eduardo David Lugo y a Hugo Roberto Rodríguez, todos ellos ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal, y a David Cabrera Rojo (ex oficial del Ejército Argentino). También solicitamos se le imponga la pena de cuatro años de prisión a Humberto Eduardo Cubas, oficial del Ejército al momento de los hechos, por un secuestro que no pudo concretar pese a la violencia utilizada durante el operativo realizado en la localidad de Ezpeleta, provincia de Buenos Aires.
El juicio comenzó en noviembre de 2019 con el análisis de los hechos que damnificaron a 370 víctimas y de las responsabilidades de los seis penitenciarios y los dos militares en sus secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Con la pandemia el juicio fue suspendido y pudo retomarse a mediados de 2020 mediante la utilización de plataformas de videoconferencias para el acceso remoto a audiencias en “salas virtuales”.
Este año, con el impulso del Ministerio Público Fiscal y la adhesión de las querellas, se amplió la acusación y se imputaron a los acusados hechos nuevos surgidos durante el debate. Así se incorporaron los casos de nuevas víctimas y también se incluyeron delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de 34 mujeres.
“El Vesubio” funcionó en un predio del Servicio Penitenciario Federal que estaba en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista General Ricchieri, en el partido de La Matanza, entre abril de 1976 y diciembre de 1978. Allí permanecieron secuestrades y sometides a tormentos militantes sociales, sindicales y políticos así como algunos de sus familiares, hijos e hijas. El centro clandestino de detención fue desactivado y hasta destruido ante el inminente arribo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que finalmente se concretó en septiembre de 1979. Pese a eso, los sobrevivientes pudieron reconocer el lugar donde permanecieron cautivos, identificar a víctimas que fueron llevadas allí y a los responsables de tan graves violaciones a los derechos humanos.
El CELS interviene en el juicio como organismo de derechos humanos y en representación de las y los familiares de María Teresa Trotta, Roberto Castelli, Laura Isabel Feldman, Roberto Luis Cristina, Eduardo Julio Cazalás y Carlos Alberto Giglio. Actuamos junto con el abogado Pablo Llonto y con el equipo jurídico Kaos, que también representan a sobrevivientes y a familiares de víctimas que han sido secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas en “el Vesubio”.