Se aprobó en la Cámara de Senadores de la República Argentina el proyecto que modifica la Ley 26.130 de Contracepción Quirúrgica.
Cambiar esta norma es clave para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.
Con esta reforma ya no es posible que prácticas como la vasectomía o la ligadura de trompas se hagan sin el consentimiento de las personas con discapacidad, ni a pedido de su familia o representante legal.
La anticoncepción quirúrgica es un método anticonceptivo, y, como cualquier otro, debe ser elegido por la persona que lo va a usar.
Autorizar estos procedimientos sin el consentimiento informado de las personas a las que se les realizan es violencia y una grave vulneración a los derechos humanos.
Por eso, celebramos la reforma de la Ley 26.130 como un paso fundamental para garantizar los derechos sexuales y (no) reproductivos de todas las personas, y construir una sociedad en la que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.
Esta iniciativa, impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y realizada en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión”, no podría haber llegado hasta aquí sin la fuerza colectiva de todes ustedes.”