A más de dos años del inicio del debate oral y público, alegamos en la megacausa Campo de Mayo, donde se juzgan secuestros cometidos bajo la órbita del Comando de Institutos Militares. Consideramos que en el debate se probaron las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos de Héctor Aníbal Ratto, Diego Eustaquio Núñez, Alberto Francisco Arenas, Juan José Mosquera, Jorge Alberto Leichner Quilodran, Alberto Gigena y Fernando Omar Del Contte, todos ellos trabajadores de la empresa Mercedes Benz Argentina y activistas sindicales durante la dictadura.
Los siete trabajadores estuvieron secuestrados durante agosto de 1977 en el Centro Clandestino de Detención “El Campito”, que funcionaba dentro de la Guarnición Militar de Campo de Mayo. Ratto es el único sobreviviente, sus seis compañeros permanecen desaparecidos. Al declarar en el juicio, además de relatar su secuestro y el cautiverio junto con ellos, contó que presenció el momento en que el gerente de producción de Mercedes Benz Argentina Juan Ronaldo Tasselkraut informó a las fuerzas de seguridad el domicilio de su compañero Diego Núñez, quien sería secuestrado en ese lugar a las pocas horas. Al menos otros trece trabajadores de la empresa fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero sus casos no formaron parte del juicio.
A lo largo del debate surgieron, además, amplias evidencias de la participación de la empresa en los delitos que sufrieron Ratto, Núñez, Arenas, Mosquera, Leichner Quilodran, Gigena y Del Contte, entre otros trabajadores. Mercedes Benz Argentina aportó a las fuerzas de seguridad listas con los nombres y domicilios de los obreros activistas sindicales que consideraban que se excedían con sus reclamos. La empresa además aprovechó el terrorismo de Estado, el secuestro y desaparición de trabajadores vinculados con los reclamos laborales, para desarticular la organización sindical, imponer peores condiciones salariales y de trabajo y para despedir a otros obreros que reclamaban. Los directores celebraban los “éxitos en el restablecimiento del orden” y el “combate de la subversión” de la dictadura y lo dejaron asentado inclusive en los protocolos del directorio.
A pesar de todo ello, y de los reiterados pedidos de las querellas (incluida la del CELS) y de la fiscalía, al día de hoy la investigación sobre la participación de los directivos de la empresa en los crímenes no ha avanzado, y ni siquiera se ha citado a prestar declaración indagatoria a Tasselkraut. Por eso pedimos al Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de San Martín que exhorte al juzgado federal de la jurisdicción para que avance ágilmente en la investigación de los responsables empresariales y de otras personas que han intervenido en los delitos que damnificaron a los trabajadores de Mercedes Benz.
Por los hechos que padecieron los trabajadores de Mercedes Benz solicitamos la condena de los imputados Santiago Omar Riveros a 25 años de prisión, Eugenio Guañabens Perelló a 21 años, Carlos Eduardo José Somoza a 25 años, Hugo Miguel Castagno Monge a 25 años y Carlos Francisco Villanova 25 años. Santiago Omar Riveros era el jefe del Comando de Institutos Militares, de la zona IV donde ocurrieron los hechos y del centro clandestino de detención tortura y exterminio a donde fueron llevadas las víctimas. Eugenio Guañabens Perelló era el director de la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos” del Ejército y jefe del área 470 lugar donde se realizó el secuestro de Fernando Del Contte. Hugo Miguel Castagno Monge era oficial de Gendarmería y jefe responsable de las guardias que custodiaban a los secuestrados. Carlos Eduardo José Somoza era un agente civil de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 encargado de los interrogatorios bajo tormentos de las personas secuestradas, lo mismo que Carlos Francisco Villanova que era un auxiliar de inteligencia de la Policía Federal Argentina en comisión en el Batallón de Inteligencia 601 y destinado a Campo de Mayo. Es el primer juicio donde se definirá la responsabilidad de Villanova y por eso solicitamos que en caso de sea condenado se le informe al Ministerio de Seguridad de la Nación para que sea exonerado de la PFA.
Finalmente solicitamos que se exhorte a Mercedes Benz Argentina a que permita erigir, dentro de sus instalaciones, un monumento recordatorio de los hechos sufridos por los trabajadores de la empresa durante la vigencia del terrorismo de Estado, y que el proceso garantice la participación de las víctimas y de las organizaciones gremiales y/o sindicales de las y los trabajadores.