Cuando a fines de 2015 Gerardo Morales asumió como gobernador de la provincia anunció su intención de obligar a las organizaciones sociales de Jujuy a reempadronarse en un nuevo registro de cooperativas. La Red de Organizaciones Sociales (ROS) de la que Milagro Sala formaba parte como representante de la Tupac Amaru, encabezó un pedido de reuniones con el gobernador para interiorizarse sobre las nuevas medidas. La negativa de Morales para establecer diálogo y brindar explicaciones llevó a que en diciembre de 2015 las organizaciones sociales iniciaran un acampe como protesta.
Pocos días después, el Poder Ejecutivo provincial dictó un decreto con el que buscó intimidar a las organizaciones para lograr que levantaran el acampe. El decreto suspendía la personería jurídica de aquellas organizaciones que permanecieran en el lugar y establecía la pérdida de derechos sociales para quienes allí se manifestaran. Producto de eso algunas de las organizaciones sociales abandonaron el acampe. Pero la Tupac Amaru se mantuvo en el lugar, y sobre esta organización recayó toda una serie de medidas de criminalización, incluyendo la detención de Milagro Sala, que se produjo el 16 de enero de 2016.
El 29 de enero, el juez a cargo de la causa ordenó su excarcelación. Sin embargo, el mismo día, antes de que fuera liberada, se pidió otra vez su detención por otra causa. En esta nueva investigación se la acusaba de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita cuya revisión se encuentra, desde marzo del 2020, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por ese caso que aún hoy cumple una prisión preventiva en su casa del barrio Cuyaya, en la capital jujeña.
La campaña de estigmatización y desprestigio que Morales había iniciado -incluso antes de ser elegido gobernador- se amplió al instrumentalizar al sistema judicial provincial para sus objetivos políticos. De esa forma, el gobierno provincial desató una persecución contra Milagro Sala: de manera encadenada y superpuesta se le iniciaron procesos e incluso se reabrieron otros en los que se la había desvinculado por completo. Todo eso con la finalidad de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo.
Desde ese momento, Milagro Sala lleva 2.190 días detenida.
En este lapso, atravesó seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en el fuero contravencional. Otras dos causas se encuentran, aún, en etapa de investigación, mientras que otras cuatro fueron elevadas a juicio. Todo esto acompañado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra, así como situaciones de humillación pública y privada. Otres integrantes del movimiento Tupac Amaru sufrieron similares episodios de persecución, con el objetivo de desarticular definitivamente la organización.
En 2021 el CELS junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) denunciamos al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de hostigamiento y criminalización que padece tanto ella como la Tupac Amaru. Todo lo que se describe en el caso de Milagro Sala se agrava por su condición de mujer e indígena.
A seis años de su privación de libertad, la causa de la protesta que dio origen a su detención sigue pendiente de juicio oral y la persecución por este hecho continúa hasta hoy. Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal. La prisión preventiva que pesa sobre ella es violatoria de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
ANDHES – CELS