Cuatro jóvenes que estaban internados en la comunidad terapéutica Resiliencia San Fernando, de la localidad de Pilar, murieron asfixiados durante un incendio que comenzó en la mañana del martes 22 de febrero. Varios familiares informaron que las personas fallecidas estaban bajo una fase inicial del supuesto tratamiento, a la que llaman “cura de sueño”, y que esa fue la razón de que no pudieran advertir lo que ocurría y escapar del fuego. Se trata de una práctica habitual: la sobremedicación usada como escarmiento, para aleccionar y “normalizar” la conducta.
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 dispone la creación de centros de atención en la comunidad y en hospitales generales, y ordena que los padecimientos mentales, incluyendo las adicciones y los problemas de consumo, sean tratados como cualquier situación de salud.
Sin embargo, a más de 11 años de su sanción, estas problemáticas continúan siendo atendidas en instituciones monovalentes, en las que prima el encierro, la exclusión y el abandono. La ausencia de dispositivos de atención y de un presupuesto acorde a lo exigido por la ley, genera dificultades para acceder al derecho a la salud. Entonces, sin tener más opción, muchas familias buscan respuestas en este tipo de comunidades terapéuticas.
Mientras esto no ocurra, es necesario avanzar con estrictas políticas de fiscalización y control estatal, para garantizar que todos los lugares de atención se ajusten a los estándares de la ley y protejan la vida de las personas.
Los hechos ocurridos en la comunidad terapéutica Resiliencia San Fernando no son una excepción; se suman a una larga lista de muertes que podrían haberse evitado.