Tehuel de la Torre está desaparecido desde hace un año. Hoy, ninguna instancia estatal lo está buscando activa y sistemáticamente. Las escasas medidas, parciales y limitadas, se llevan adelante por el impulso de actores no estatales que, con los recursos que tienen, presionan sobre alguna autoridad judicial o ejecutiva. No hay un plan de búsqueda organizado por el Estado de la provincia de Buenos Aires ni por el nacional. No lo hubo cuando la ausencia de Tehuel fue denunciada y no lo hay ahora. Transcurrido un año, debido a esa falta de sistematización, ninguna de las medidas de búsqueda ha permitido descartar las distintas hipótesis posibles sobre el destino de Tehuel. En este momento, desde que la causa contra los dos acusados de homicidio tiene pedido de elevación a juicio, nadie está a cargo de la búsqueda.
Esta situación es parte de un problema más amplio: no existe en nuestro país una política de búsqueda de personas, tampoco una agencia que se comprometa con ello. Las dependencias administrativas que están obligadas descargan esa tarea en autoridades judiciales, y éstas a la vez señalan que sus diligencias están vinculadas con averiguación de delitos y señalan la falta de respuestas concretas de las primeras para asegurar la búsqueda.
Lo que ocurra en cada caso dependerá de la presión que puedan ejercer lxs familiares, las redes afectivas, las organizaciones y del compromiso particular de alguno de los actores del sistema. Sin un activismo público que instale el caso en los medios, sin la demanda permanente y costosa que deben enfrentar quienes buscan, solo excepcionalmente el sistema de justicia y las dependencias ejecutivas relacionadas con el tema dan una respuesta en tiempos razonables. La falta de sistematicidad del trabajo judicial y policial, la persistencia de prácticas que solo generan confusión como la participación de “videntes” en las investigaciones, la falta de indagaciones serias sobre el contexto de las desapariciones, las filtraciones a los medios de comunicación que solo contribuyen a espectacularizar los casos siguen caracterizando a la mayor parte de las investigaciones. En los últimos años se han hecho anuncios de solución en reiteradas ocasiones, pero como hemos visto en los últimos tiempos con varios casos resonantes y dramáticos, entre ellos el de Tehuel y el de la niña Guadalupe Lucero, la situación persiste.
Tehuel es una persona trans que desapareció cuando los efectos de la pandemia marcaban con dureza la vida de los sectores populares: no tenía un trabajo estable ni un lugar donde vivir, enfrentaba la estigmatización y se las rebuscaba en una economía hiperprecaria para encontrar medios de sobrevivencia. Durante los primeros días de su desaparición su identidad de género no fue visible para las autoridades judiciales y administrativas que intervinieron: en las primeras medidas se lo buscaba como a una “mujer” o como a un “masculino” alternativamente, sin precisar su identidad de género.
La imposibilidad del sistema de justicia de ver una corporalidad trans permanece como una alerta sobre el destino de esta y de todas las investigaciones relacionadas con la búsqueda de personas. Las formas específicas de violencia estrutural y discriminación que enfrentan las personas trans están lejos de ser comprendidas en la mayoría de los casos por las instituciones y por lo tanto de ser tenidas en cuenta al momento de diseñar una investigación. El registro binario sigue predominando en las burocracias estatales y en las metodologías de trabajo forenses, lo cual genera obstáculos constantes para dar pasos firmes en las investigaciones.
Hoy no estamos todxs. Falta Tehuel de la Torre. No vamos a normalizar ninguna ausencia.
CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales
CIAV- Colectiva de Intervención ante las Violencias