Desde el CELS llevamos adelante el litigio de numerosas causas penales por crímenes contra la humanidad ejecutados durante la última dictadura militar. A más de dos años de los comienzos de sus juicios orales, la megacausa Campo de Mayo y el tercer juicio por los delitos del centro de detención y tortura “El Vesubio” llegaron a su fin y en breve tendrán sentencia. Además de estas dos más avanzadas, otras tantas están en etapas de recepción de pruebas y de definición de recursos presentados.
En diciembre del año pasado alegamos en la megacausa Campo de Mayo, en la que se juzgan secuestros cometidos bajo la órbita del Comando de Institutos Militares. Consideramos que durante el debate se probaron las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos contra los trabajadores de Mercedes Benz y activistas sindicales durante la dictadura. Por esos hechos solicitamos la condena de los militares imputados, entre ellos, el jefe del Comando de Institutos Militares, de la zona IV y del centro clandestino donde llevaron a las víctimas, Santiago Riveros; del entonces director de la Escuela “General Lemos” del Ejército y jefe del área 470, Eugenio Guañabens, y del ex agente de inteligencia de la Policía Federal en comisión en el Batallón 601, Carlos Francisco Villanova. Además pedimos que el Tribunal exhorte al juzgado federal para que avance en la investigación de los responsables empresariales y de otras personas que intervinieron en los delitos que damnificaron a los trabajadores de Mercedes Benz. En esta causa se espera la sentencia para mediados de este año.
En la causa El Vesubio III también ya realizamos nuestro alegato. En ese proceso consideramos que durante el debate fueron probados 395 casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas, y solicitamos la condena de todos los acusados, ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal y del Ejército Argentino. El 1º de abril el Tribunal Oral Federal nº 4 de la Ciudad dará a conocer el veredicto.
También querellamos en el juicio “Regimiento de Infantería n° 6 de Mercedes” contra seis militares acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos, entre mayo y julio de 1976, en la zona oeste del Gran Buenos Aires y de Luján, de los que fueron víctimas militantes políticos que editaban y distribuían las revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja”. El proceso comenzó antes de la feria judicial y en este momento se están tomando declaraciones testimoniales en relación a los hechos de los que fueron víctimas Rocío Martínez Borbolla y su compañero Pedro Oscar Martucci, desaparecidos en junio de 1976, y en relación al operativo realizado el 10 de julio de ese año en la imprenta de “El Combatiente” -ubicada en San Andrés, partido de San Martín- en el que se asesinó a Jorge Emilio Arancibia y se mantuvo privados ilegalmente de la libertad a Pablo Pavich y a otra persona aún no identificada a la que también se torturó.
El 17 de marzo el Tribunal Oral Federal Nº 1 dictó una nueva sentencia a dos imputados de la causa Automotores Orletti III. Esto sucedió luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación revocara las absoluciones de Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez, dos ex policías federales del Departamento de Asuntos Extranjeros, que participaron en el asesinato del militante uruguayo, Mario Roger Julien Cáceres. La Sala IV hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y el CELS, para que revierta la absolución de los dos ex policías por el homicidio agravado de Cáceres. En la nueva sentencia se los condenó a la pena de prisión perpetua por considerarlos coautores responsables del homicidio agravado de Cáceres. Los fundamentos se darán a conocer el 25 de marzo.
Está pendiente de revisión en la Sala III de Casación el veredicto de la causa ESMA Unificada. El juicio terminó con 29 condenas a prisión perpetua, 19 condenas a penas entre 8 y 25 años y 6 absoluciones. Se trató del debate oral más grande de la historia argentina, no solo por la cantidad de casos analizados y los 54 acusados que pudieron escuchar sus sentencias, sino porque también dieron su testimonio más de 800 personas.
En una situación similar está también en las Sala II de Casación la causa ABO III, que se realizó en el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital por los crímenes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Club Atlético, El Banco y El Olimpo, desde principios de 1977 a 1979. El proceso judicial iniciado el 19 de septiembre de 2016, con nueve imputados, llegó a su fin con las siguientes condenas: dos penas de prisión perpetua, cuatro penas de 25 años, una pena de 20 años y dos absoluciones. El Atlético funcionó en la división Suministros de la Policía Federal Argentina; El Banco estaba ubicado en la división Cuatrerismo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza; y El Olimpo, en la división Mantenimiento de la Policía Federal Argentina.
En la causa Mercedes Benz, luego de varios pedidos de las partes acusadoras, el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín llamó a prestar declaración indagatoria a dos de los ex gerentes de la empresa, Juan Ronaldo Tasselkraut y a Rubén Pablo Cueva. Tasselkraut está acusado por los secuestros que sufrieron trabajadores de la empresa con militancia sindical.
A principios de marzo se elevó parcialmente a juicio la causa Acindar, próximamente se definirá por sorteo qué Tribunal realizará el juicio oral y público. En la causa se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la represión de “el Villazo”, el 20 de marzo de 1975, y otros hechos cometidos durante ese año y con anterioridad a la dictadura cívico militar contra trabajadoras y trabajadores metalúrgicos y ferroviarios y militantes sindicales y políticos.
Los imputados son ex integrantes del Ejército, de la Policía Federal Argentina, de la Policía provincial, de la Prefectura y también un civil: el jefe de personal de la empresa Acindar, Roberto José Pellegrini. Éste último es señalado por testigos como el nexo entre los directivos de Acindar y las fuerzas de seguridad. De acuerdo a la investigación el jefe de personal prestó diversas colaboraciones a las fuerzas policiales para la ejecución de los secuestros. Entre ellas, haber entregado listas de las personas a detener, haber dado información para su identificación y haber habilitado que se instale un centro clandestino de detención y tortura dentro de la fábrica. La violencia estatal desplegada con colaboración de civiles, como los directivos y jefes de Acindar, buscó erradicar el activismo político y sindical de las y los obreros organizados en la zona bajo el pretexto de reprimir una “operación subversiva”.
Por otro lado, dos juicios comenzarán en mayo y junio. Un tramo de la causa ESMA VI, en el que está imputado Mario Sandoval. El ex policía de Coordinación Federal extraditado de Francia deberá responder por el secuestro del militante de la Juventud Universitaria Peronista, Hernán Abriata, en octubre de 1976, quien fue trasladado a la ESMA. Y a principios de junio empieza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en El Atlético, El Banco y El Olimpo, la causa ABO V. Estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de Capital Federal. Allí serán juzgados ex policías federales de la Superintendencia de Seguridad Federal y miembros de Gendarmería Nacional por los hechos que damnificaron a 382 personas.