El tribunal oral federal nº 4 hoy dictó su veredicto luego de más de dos años de juicio oral y público; juicio que empezó a fines de 2019 con pocas audiencias y que también se vio paralizado por la pandemia. El debate pudo avanzar luego de haberse definido su continuidad por plataformas de videoconferencias a mediados de 2020. Desde entonces, decenas de testigues declararon de forma remota.
Al dar inicio a la lectura, el tribunal reconoció el valor de la palabra para crear sentidos y dedicó gran parte del tiempo a nombrar a las cientos de víctimas sobre las que se ha probado su paso por el centro clandestino de detención “El Vesubio” o que fueron víctimas de la patota que allí actuaba.
Luego, el tribunal declaró que “la violencia sexual sufrida por las mujeres en los centros clandestinos de detención durante los años del terrorismo de Estado fue específica, sistemática y planificada. Partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador por lo que era visto como un intolerable apartamiento de los roles históricamente asignados en las relaciones de género. Es por ello que resulta relevante señalar que han sido víctimas de un específica violencia sexual en el marco de los delitos contra la humanidad que quedaron probados en este juicio…”. A continuación, la presidenta del tribunal mencionó a las decenas de mujeres víctimas de abusos y violaciones sexuales en “El Vesubio”.
Como forma de reparar a las víctimas, el tribunal dispuso la reparación histórica de legajos de las y los trabajadores o estudiantes que hayan sido cesanteadxs, despedidxs, suspendidxs o expulsadxs con motivo de su secuestro cuando en realidad fueron víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Los acusados David Cabrera Rojo (oficial del ejército), Milcíades Luis Loza y Hugo Roberto Rodríguez (ambos personal del Servicio Penitenciario Federal) fueron condenados como coautores de los delitos a la pena de prisión perpetua por privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados por tratarse las víctimas de perseguidxs políticxs, homicidios, abusos y violaciones sexuales.
Por otro lado, otros cuatro penitenciarios imputados fueron considerados, por la mayoría del tribunal, partícipes secundarios de privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados por tratarse las víctimas de perseguidxs políticxs, homicidios, abusos y violaciones sexuales y por ese motivo recibieron penas menores. Eduardo David Lugo fue condenado a 15 años de prisión, Olegario Domínguez a 14 años y Roberto Horacio Aguirre y Florencio Gonceski a 13 años y seis meses de prisión.
Finalmente, el oficial del Ejército Humberto Cubas fue condenado a tres años y 6 meses de prisión por la privación ilegal de la libertad en grado de tentativa de una sola víctima.
La querella unificada, encabezada por el CELS, el abogado Pablo Llonto y el equipo jurídico KAOS, habíamos solicitado la pena de prisión perpetua para los primeros siete por considerarlos coautores de esos delitos de lesa humanidad y la pena de 6 años de prisión para Cubas.
Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el próximo 2 de junio.