El 28 de mayo es el día internacional de acción por la salud de las mujeres. Es un día propuesto desde Latinoamérica para llamar la atención sobre la necesidad de trabajar en la atención y la prevención de enfermedades y atacar las causas de muerte de las mujeres, de los varones trans, de las personas no binarias con capacidad reproductiva. El aborto inseguro es una de ellas. Las y los profesionales de la salud son una parte fundamental en la garantía del derecho a una vida saludable, digna y libre de violencias. El Poder Legislativo sancionó las leyes que dan amparo legal a esos derechos. Sin embargo, tenemos algunos sectores del Poder Judicial que todavía no respetan los derechos de la mitad de la población, en línea con expresiones conservadoras y antiderechos. Necesitamos que las y los médicxs puedan trabajar y cumplir su rol social sin ser amenazados.
En septiembre de 2021 la médica Miranda Ruiz fue detenida en su lugar de trabajo por haber cumplido con la ley. Vale aclarar que esta detención fue por orden del Poder Judicial de la provincia de Salta, aunque la respalden leyes vigentes hace cien años que garantizan el derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar en ciertos casos.
Miranda recibió a una joven que viajó más de 50 kilómetros para pedir la interrupción del embarazo que cursaba. Fue atendida por un equipo interdisciplinario formado por Miranda, una trabajadora social y una psicóloga. Tuvo entrevistas por separado con cada una de ellas, quienes pusieron al tanto además al director del hospital. Este constató que la práctica estaba debidamente justificada.
Sí hay personas que violaron los derechos de la joven: quienes no respetaron su voluntad y trataron de impedir por todos los medios que ejerciera sus derechos. Así, violaron el deber de confidencialidad y fueron más allá al denunciar a Miranda. Lo llamativo de esto es que una causa penal sin nada que la justifique, avanza en la provincia. No está justificada porque todos los pasos para la interrupción del embarazo están constatados y asentados en la historia clínica. No está justificada porque hace cien años el Congreso de la Nación estableció las causales para interrumpir un embarazo luego de la semana 14, una de ellas es la que ampara a la joven. Nada justifica que la causa penal siga y que a esta altura Miranda no haya sido sobreseída. ¿Qué pasa en el Poder Judicial salteño para que no se ajuste a derecho y busque maneras de dilatar una causa penal? ¿Por qué las sentencias son enviadas a la prensa antes que a las partes?
En los últimos días el juzgado pidió una pericia sobre la historia clínica al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, que designó a dos peritos y se sumó un tercero del Servicio Médico del Poder Judicial. La pericia fue favorable a Miranda, respaldó lo que ella ya declaró. El equipo de peritos oficiales, junto con las médicas convocadas como peritas por la defensa, coincidieron en que todo lo actuado fue correcto. El fiscal Gonzalo Vega, de Tartagal, sin embargo, aún no pidió su sobreseimiento. No conforme con el resultado, ahora solicita nuevas pericias que recaen sobre la médica, como una forma de mantenerla sujeta a la causa penal. Insistimos en que la criminalización del aborto constituye formas de tortura, tratos inhumanos y degradantes.
Alertamos sobre el mensaje amenazante que da el Poder Judicial de Salta a las y los profesionales de la salud que cumplen con la ley. Este 28 de mayo tenemos que seguir más que nunca cuidando a quienes cuidan la salud de la población. Seguimos acompañando a Miranda y a todes les profesionales que defienden los derechos humanos y la vigencia de las leyes. Exigimos el sobreseimiento de Miranda Ruiz.
Católicas por el Derecho a Decidir
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