A pocos días de que se cumplan los 50 años de la Masacre de Trelew, el ex marino Roberto Bravo fue declarado responsable de crímenes ejecutados en la base Almirante Zar, donde murieron 16 militantes de organizaciones políticas. Un jurado popular en la Corte del sur de Florida entendió que fue quien llevó adelante los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho y el intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps, y por esos hechos ahora deberá pagar 24 millones de dólares.
“Estamos muy felices. Este es un gran paso para pedir la extradición y que Bravo sea juzgado en la Argentina. Dediqué gran parte de mi vida a buscar justicia sobre los responsables de las torturas y el intento de asesinato de mi padre”, explicó ayer Raquel Camps, hija de Alberto, quien estuvo en Miami junto a su hermano Mariano y a otros familiares de las víctimas.
“Este es un fallo histórico. Los miembros del jurado no creyeron la versión de Bravo del intento de fuga y de la autodefensa. Más allá de que el veredicto se refiere lo que sucedió con estas cuatro víctimas, en definitiva dice que fue responsable de la masacre”, detalló Sol Hourcade, la coordinadora del equipo Memoria, verdad y justicia del CELS, que acompañó el litigio civil junto al Center for Justice and Accountability (CJA) de Estados Unidos. Durante el juicio Bravo declaró que uno de los militantes le había arrebatado una pistola a uno de los marinos y que él respondió a ese supuesto ataque.
Cuando en 2012 se desarrolló en la Argentina el juicio por la Masacre de Trelew ante el TOF de Comodoro Rivadavia y se condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, Bravo no pudo ser juzgado. Él había sido enviado en 1973 a Estados Unidos por la Armada como agregado militar en la embajada argentina. Luego de su retiro de la fuerza, en 1979, permaneció en Estados Unidos y actualmente es ciudadano de ese país. Durante muchos años, no se supo dónde estaba y ni siquiera se conocía su rostro.
En el marco del proceso penal iniciado por les familiares de las víctimas en la Argentina, se solicitó su extradición, sin embargo, el pedido fue rechazado en 2010. Actualmente, se encuentra en trámite otro pedido de extradición a la espera de la decisión del juez federal Edwin G. Torres.
En ese contexto, el CJA -en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- presentó una demanda civil en representación de familiares de cuatro víctimas, con el acompañamiento del CELS. Este proceso avanzó por separado al pedido de extradición.
Los fusilamientos
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 presas y presos políticos que se encontraban detenides en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron acribillades por integrantes de la Armada Argentina. Dieciséis murieron: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Tres sobrevivieron: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. Berger, Camps y Haidar lograron dar su testimonio sobre los hechos y sus responsables, antes de ser desaparecides por la última dictadura cívico-militar.