En un fallo histórico, un tribunal de Miami lo declaró responsable de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho y del intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps, en agosto de 1972. La sentencia en el juicio civil también determinó que Bravo deberá pagar 24 millones de dólares como resarcimiento. El CELS acompañó el litigio y a les familiares de las víctimas.
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