Daiana fue detenida por alteración del orden público, es decir que la razón por la que fue llevada a la comisaría ni siquiera es un delito. Pese a que solo se trataba de una contravención, fue esposada, trasladada y encerrada sola en un calabozo.
En el caso de Daiana, como en otros tantos, la respuesta estatal a cualquier situación conflictiva es la detención y el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, situaciones que muchas veces terminan en la muerte de la persona detenida.
Las comisarías de la provincia de Buenos Aires se encuentran en malas condiciones y no cuentan con las instalaciones necesarias para que las personas queden detenidas. Es por esto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una serie de medidas cautelares sobre 21 comisarías bonaerenses debido al riesgo para la vida de las personas allí alojadas. Además, hay 109 dependencias policiales que fueron clausuradas judicialmente o por resolución administrativa. Sin embargo, al 30 de junio, 1687 personas se encontraban alojadas en espacios no habilitados. De hecho, la comisaría en la que murió Daiana no podía alojar personas ya que estaba clausurada judicialmente y por el propio Ministerio de Seguridad.
La política de seguridad provincial acompañada por el poder judicial local usa de forma desproporcionada el encierro como respuesta a cualquier situación conflictiva, lo que tiene como consecuencia el crecimiento incesante de la tasa de encarcelamiento provincial. Esto repercute en que las personas queden alojadas en comisarías que no se encuentran aptas y deja el cuidado de las personas privadas de su libertad en manos de policías que no están preparados para estas tareas. Al 30 de junio, 4285 personas se encontraban detenidas en comisarías.
Muertes
Entre 2019 y 2022, fallecieron 76 personas mientras estaban alojadas en comisarías. Esto indica la falta de cuidado adecuado para quienes se encuentran detenides en sedes policiales.
Las muertes en comisarías, como en todos los lugares de encierro, tienen la particularidad de que la escena del hecho se encuentra absolutamente dominada por la fuerza que custodia el lugar. Si el fallecimiento está relacionado con la actividad de la fuerza que custodia, es muy sencillo para sus miembros manipular elementos de prueba y ocultar evidencia en los primeros minutos de ocurrido el hecho, si desean esconder su responsabilidad.
Es por esto que la aceptación de la versión policial sin cuestionamientos al inicio de las investigaciones criminales, dificulta el acercamiento a la verdad. Ante un hecho de estas características, es indispensable que el Ministerio Público Fiscal cuestione las versiones oficiales y descarte todas las hipótesis posibles, siguiendo los protocolos específicos. Para garantizar esta independencia hay que apartar de cualquier acto de la investigación a la fuerza de seguridad que ejercía la custodia al momento del hecho.
La muerte de Daiana da cuenta de que en la práctica les funcionaries encargades de llevar adelante las investigaciones están lejos de tener en cuenta todas estas circunstancias y esto se refleja en las dificultades que ha tenido su investigación.
Los casos de torturas y muertes en el encierro son graves violaciones a los derechos humanos por las que el Estado tiene un deber agravado de investigar, dilucidar lo que sucedió e identificar a les responsables. Es fundamental que las muertes en contextos de encierro sean investigadas debidamente para lograr una respuesta efectiva para las víctimas y sus familias.
En un escenario donde los criterios para detener se vuelven cada vez más laxos, caer detenido y morir en una comisaría dejó de ser un hecho aislado en la provincia de Buenos Aires.