Las organizaciones abajo firmantes consideramos imprescindible que el Consejo de la Magistratura debata en forma urgente una reforma integral del reglamento de selección de las y los magistrados del Poder Judicial de la Nación. Es necesario resolver tres problemas centrales de nuestra administración de justicia: la duración excesiva e injustificada de los concursos, las arbitrariedades en los procesos de selección y la falta de representación justa de géneros. Recientemente, las consejeras Pamela Tolosa, María Fernanda Vázquez y el consejero Diego Molea presentaron una iniciativa para modificar dicho reglamento, que -aunque aún debe ser robustecida- incluiría avances muy relevantes en búsqueda de ese objetivo. Por ello, instamos al Consejo de la Magistratura a avanzar en el tratamiento, mejora y aprobación de la propuesta.
En ese sentido, la presentación del proyecto de modificación del “Reglamento del procedimiento para la selección de magistrado/as del Poder Judicial Nacional por concursos públicos de oposición y evaluación de antecedentes” por parte de las consejeras Pamela Tolosa, María Fernanda Vázquez y el consejero Diego Molea -representantes del estamento académico- constituye una excelente oportunidad para abordar estos problemas y avanzar en la aprobación de un nuevo sistema de concursos.
Desde su creación, el Consejo de la Magistratura ha fracasado en una de sus funciones básicas: realizar los concursos para seleccionar jueces y juezas en un proceso rápido, transparente, participativo y basado en criterios de idoneidad. Esto se evidencia, por un lado, en la prolongada duración de los concursos, que se extienden por años, generando que uno de cada cuatro juzgados estén vacantes u ocupados por jueces “subrogantes” o “trasladados”. Por otro lado, en la manipulación discrecional de los procesos de evaluación y conformación de las ternas, por la cual las decisiones se terminan basando en un juego de influencias corporativas y/o políticas antes que en la idoneidad.
El proyecto incorpora notorias mejoras respecto del sistema actual. En particular, el establecimiento de un mecanismo de “evaluación anual anticipada de postulantes”, que incorpora los “exámenes generales”, un sistema previsto en la ley desde hace casi una década (en el artículo 7º inciso 6 de la ley 24.937), pero que, nunca fue implementado –pese a los reiterados reclamos de la sociedad civil-, y cuya vigencia no se vio afectada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De este modo, se reducirían las demoras y la opacidad del proceso actual, en donde los concursos corren por detrás a las vacantes, con las consecuencias antes señaladas. También se incorporan criterios que garantizan la representación justa de géneros en las distintas instancias del proceso, con el objetivo de tener una administración de justicia con perspectiva de género.
Desde la sociedad civil tenemos propuestas para mejorar el proyecto, especialmente en aspectos vinculados a la prevención de arbitrariedades en la evaluación y el anonimato de los concursos, entre otros. Como en cada una de las discusiones previas, estamos a disposición para participar del debate que derive en la aprobación de un nuevo Reglamento de Selección.
El Consejo de la Magistratura requiere mejoras en muchas de sus funciones, y el Congreso de la Nación debe ocuparse en forma urgente de sancionar una nueva ley que no puede quedar reducida a una modificación de su integración. Sin embargo, el propio Consejo puede y debe mejorar inmediatamente los procesos de selección. Si eso no sucede, las consecuencias no las pagarán las y los funcionarios judiciales o las y los consejeros, sino una sociedad cada vez más acostumbrada a una Justicia lenta, ineficiente y muy lejana para resolver los conflictos con legitimidad e independencia.