El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la fiscal porteña Celsa Ramírez quieren censurar al “Mapa de la Policía”, una herramienta ciudadana que se propone denunciar la violencia policial y transparentar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.
La ofensiva mediática comenzó a los pocos días del lanzamiento de la plataforma y estuvo liderada por el ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro, quien identificó esta voluntad de participación popular con una persecución a funcionarios que deben rendir cuentas ante la población. De esta manera, D´Alessandro amplificó eco de los discursos de odio manifestados por algunos exponentes de ultraderecha que integran el oficialismo.
Aun así, el Mapa de la Policía consiguió una gran repercusión pública y tuvo excelente recepción en la ciudadanía. Ahora, el poder judicial intenta censurar la iniciativa. El día miércoles 10 de agosto la fiscal Celsa Ramírez, reconocida por sus estrechos vínculos con el poder ejecutivo porteño, solicitó “la clausura/bloqueo preventivo de la página web www.mapadelapolicia.com”. El intento de censura debe ser analizado ahora por el juez de Primera Instancia en el fuero Penal Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, quien debe resolver si hace lugar o no a la medida cautelar.
El argumento propuesto por la fiscal Ramírez constituye un acto de persecución política, al apuntar directamente contra la legisladora Ofelia Fernández por supuesto “abuso de autoridad”. Ofelia es una de las impulsoras de la Plataforma Ciudadana en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la revista Crisis, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Equipo de Investigación Política (EDIPO), la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), el portal Grito del Sur, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre otras organizaciones de la sociedad civil.
El “Mapa de la Policía” conformó una defensa técnica integrada por abogades de extensa trayectoria y presentó ante el juez un escrito solicitando el rechazo del planteo. Esta denuncia penal, además de una nueva agresión contra Ofelia Fernández, es un intento de censurar la libertad de expresión de distintas organizaciones de la sociedad civil, y una reacción antidemocrática contra la exigencia de un gobierno abierto con control activo de la ciudadanía.
Desde el Mapa ratificamos nuestra voluntad de construir una Red de Cuidados Ciudadanos contra la violencia policial, que haga frente a los abusos de las fuerzas de seguridad y aporte a la transparencia de las instituciones de gobierno. E invitamos a todas las personas que sientan la necesidad de participar en esta iniciativa a manifestar su solidaridad y a brindar su aporte, denunciando activamente o difundiendo el mensaje.