Santiago Maldonado desapareció en el contexto de un violento operativo de la Gendarmería ordenado por las autoridades políticas de aquel momento. Fue encontrado muerto en el río 77 días después. Transcurridos cinco años, la investigación judicial sigue sin dar respuestas sobre cómo se llegó a esa situación.
A mediados de 2017, quienes estaban a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación diseñaron e implementaron un plan para reprimir a comunidades mapuches de la Patagonia. Para ello, desplegaron a las fuerzas federales, ordenaron tareas de inteligencia ilegal en conjunto con los Carabineros de Chile y ordenaron a las fuerzas escudarse en la figura de la “flagrancia” para poder detener a manifestantes sin necesidad de producir pruebas ni esperar a una orden judicial.
Siguiendo estas directivas, el 1 de agosto un grupo de gendarmes ingresó de manera violenta en la comunidad Pu Lof, en Chubut, con la excusa de que les habían arrojado piedras. Dispararon balas de goma, detuvieron y humillaron a mujeres de la comunidad, quemaron sus pertenencias. Al final de este día de violencia, Santiago ya no estaba.
Un informe confeccionado por la Procuvin y la revisión del operativo realizada por la gestión posterior del Ministerio de Seguridad comprobaron las irregularidades y la violencia desplegada ese día por los gendarmes. Se trataba de un grupo de efectivos sin preparación para intervenir en situaciones de protesta social. A pesar de estos y otros aportes, la investigación judicial hasta el momento no registra avances para entender cómo se llegó a la muerte de Santiago y quiénes fueron los responsables operativos y políticos de las brutalidades de ese despliegue. Desde mediados de 2019, la Corte Suprema tiene pendiente resolver distintos planteos presentados por la familia de Santiago Maldonado.
Foto: M.A.F.I.A.