La experta independiente de Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa, Attiya Waris, visitó nuestro país entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. En su informe final, tras la gira, recomienda al FMI conceder un alivio de la deuda a los países de renta media como Argentina y revisar las políticas de sobrecargos.
“Los recargos que Argentina ha tenido que pagar en relación con la deuda pública internacional han duplicado con creces el coste de los acuerdos, agotando así los recursos del país que podrían utilizarse para apoyar las políticas públicas y los programas destinados a proteger y promover los derechos humanos”, expresó Waris en su pronunciamiento final. Y sostuvo: “Argentina debe maximizar sus recursos para defender los derechos humanos y prevenir los retrocesos”.
En ese sentido, en su informe la experta observó que la deuda no se ha traducido en una inversión correspondiente en derechos humanos y en la recuperación de los medios de subsistencia. Mientras en el país vivimos los efectos del último acuerdo con el FMI que renegocia los términos del préstamo otorgado en 2018, en su visita Attiya Waris también señaló su preocupación por los recortes presupuestarios en áreas fundamentales para la garantía de derechos como vivienda y educación.
La deuda pública impacta en el ambiente, porque obliga al país a profundizar la matriz productiva basada en la extracción de materias primas para la exportación que permita conseguir divisas para poder hacer frente a los vencimientos de la deuda. Con respecto a esto, la experta insta al Estado a discutir pluralmente las consecuencias, “especialmente para las comunidades que habitan las áreas donde estas actividades extractivas podrían llevarse a cabo, donde el agua es escasa y donde es necesario que haya un efectivo compromiso pacífico, participativo y de respeto por el consentimiento informado”.
Sobre la política fiscal, la experta mostró su preocupación porque la generación de ingresos en Argentina se basa en gran medida en impuestos sobre el consumo de bienes y servicios mientras que el nivel de imposición sobre bienes personales es bajo (en 2021 fue solo el 2,53% de los ingresos fiscales). Además observó las exenciones fiscales injustificadas. En este sentido, recomendó avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo que permita aumentar la generación de ingresos que posibiliten la promoción de los derechos humanos. También sugirió mejorar el acceso a la información fiscal.
En su informe la experta también señaló irregularidades asociadas a la toma del préstamo de 2018. Y, sobre ese aspecto, recomendó que “todos los poderes del Estado deberían participar en una rendición de cuentas como los responsables de asumir una deuda insostenible y en la búsqueda de la repatriación de los activos estatales”. Sugiere una rendición histórica incluyendo el acuerdo de 2018 y sostiene que debería involucrarse a la sociedad civil y a otros sectores con intereses en las negociaciones, el seguimiento y las revisiones de la deuda pública.
La declaración completa y todas las recomendación pueden descargarse aquí.