Este documento es un pronunciamiento conjunto producto de las discusiones mantenidas durante los últimos meses entre organizaciones de la sociedad civil y de migrantes de 5 países de la Región.
Tal como lo indica el título de esta conferencia “Migración, Integración y Cooperación: hacia una agenda migratoria regional” quienes estamos presentes en esta reunión tenemos la certeza de que la migración y sus problemáticas sólo pueden ser abordadas de manera coordinada. En particular en este contexto, donde continúan avanzando las políticas de externalización de las fronteras desde el norte, resulta esencial un espacio multilateral como este que recupere los altos estándares sudamericanos para hacer frente a aquellos procesos.
Entre las problemáticas que deben ser atendidas identificamos a la irregularidad migratoria creciente en la región como el principal asunto que los Estados deben atender y del cual depende el ejercicio de otros tantos derechos. El escenario actual ha puesto en tensión a las políticas migratorias de nuestra región y nos ha dejado ver sus límites, particularmente en lo que tiene que ver con la ampliación de canales regulares y con los programas de regularización migratoria.
Como organizaciones de la sociedad civil, creemos que podemos participar del diseño de políticas públicas que atiendan a esta problemática, como hemos hecho tantas veces a lo largo de la historia. No es necesario inventar nuevos acuerdos, criterios o mecanismos de regularización: las políticas y acuerdos de integración regional, tal como el Acuerdo de Residencia del Mercosur aprobado a comienzos de este siglo, ha demostrado ser el marco jurídico e institucional regional más sólido producido hasta la actualidad para la regularización de personas migrantes.
Entre los motivos que explican su eficacia es importante reponer que el Acuerdo creó un criterio de nacionalidad que permitió acceder a la residencia por el mero hecho de ser nacional del Mercosur. Además, estableció procedimientos y requisitos accesibles, sencillos y poco onerosos. Y por sobre todo, los Estados diseñaron políticas realistas, para la población que existía realmente en sus territorios -donde la mayoría de los migrantes provienen de la misma región- y no para una población ideal. La experiencia demostró que, cuando los Estados establecen criterios amplios y permanentes, asequibles y accesibles, la población migrante se regulariza.
Otra experiencia, más reciente, pero con un espíritu similar es el Estatuto Migratorio Andino aprobado en el 2021. Este nuevo Estatuto elimina las restricciones relacionadas con la condición laboral de la persona migrante, bastando ser nacional de cualquiera de los países partes para acceder a la residencia temporal.
A pesar de estas experiencias y tradición regional, en los últimos años, el aumento exponencial de la migración, incluyendo aquella proveniente de Venezuela, recibió respuestas muy disímiles entre y dentro de los países. Algunos países (Argentina, Uruguay) simplemente extendieron a esa población la aplicación del Acuerdo de Residencia del Mercosur. Brasil, por su parte, generó una residencia especial “de país fronterizo” que permitió acceder a una residencia permanente además de reconocer como refugiados a miles de venezolanos. Otros anunciaron programas de visas humanitarias y programas especiales que en la práctica se mostraron acotados y poco accesibles. Programas de regularización más recientes, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) en Colombia, lograron avanzar hacía un instrumento que facilita el proceso de regularización, aunque igualmente excepcionales y hacia poblaciones objetivo específicas.
Esas tendencias oscilantes y a veces contradictorias se dieron en un contexto de deterioro de las instancias de cooperación y coordinación regional. La disolución de la UNASUR y el vaciamiento político del Mercosur en la última década son dos marcos de ese proceso. El reemplazo de las instituciones multilaterales permanentes por espacios políticos provisorios, conformados por un grupo limitado de gobiernos y sin mecanismos de participación, redujo la capacidad regional para responder a crisis políticas y sociales graves y complejas.
Frente a este escenario, es imprescindible recuperar la historia de la integración regional de América del Sur y sus acuerdos, que siguen vigentes. En nuestra región, hablar de migración es hablar también de libre circulación y de la consolidación de Sudamérica como un espacio político, económico, social y cultural común. Citando a la Ministra Antonia Urrejola en sus palabras ante este Conferencia, “la migración es el rostro humano de la integración regional”. La relevancia de este foro multilateral destinado a la coordinación de políticas públicas en materia migratoria, exige que los Estados aquí presentes se posicionen sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes y de carácter estructural.
En este sentido esperamos que las delegaciones entiendan la importancia de que la sociedad civil tenga un espacio en esta Conferencia para compartir el conocimiento acumulado en nuestra trayectoria y participar del diseño de políticas públicas efectivas. Creemos que un compromiso en este sentido, por parte de los Estados, no sólo fortalecería un enfoque intersectorial y transversal, sino que representaría un paso fundamental para la consolidación y legitimidad de la CSM.
En concreto, esperamos que los siguientes puntos puedan ser discutidos entre las delegaciones:
En primer lugar, apelamos a que la CSM reivindique el Acuerdo de Residencia MERCOSUR y el Estatuto Migratorio Andino como instrumentos eficaces para la regularización de la población migrante regional y se comprometa a revisar los obstáculos existentes para su implementación.
El segundo punto, refiere al estado de la ratificación del Acuerdo de Residencia Mercosur y, particularmente al caso chileno: aquí, la ratificación no se realizó en el Congreso Nacional sino a través de Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. A su vez, la ley migratoria actual no incorpora de manera explícita el Acuerdo. Al día de hoy, Chile implementa parcialmente el Acuerdo Mercosur excluyendo a nacionales de Colombia, Ecuador y Perú. Tampoco lo extiende a Venezuela. En este sentido, esperamos que esta Conferencia pueda avanzar para que los países que no lo hubieren hecho, se comprometan a ratificar el Acuerdo Mercosur e incorporarlo a sus legislaciones nacionales.
En cuanto a la situación de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú -que tendrá la presidencia Pro Témpore de la próxima CSM- sería un punto importante de agenda para dicha conferencia que las delegaciones compartan los próximos pasos en la implementación del Estatuto Migratorio Andino.
En tercer lugar, esperamos que en esta Conferencia se avance en los diálogos para que los países miembro y asociados extiendan el criterio de nacionalidad MERCOSUR a las personas nacionales de Venezuela tal como lo hacen Argentina y Uruguay actualmente. Del mismo modo, instamos al diálogo para revisar los criterios de regularización para la población extra-Mercosur que sean realistas, accesibles y permanente y contemplen la unidad familiar, el interés superior de la niñez y la figura de trabajador autónomo como criterios de regularización.
Finalmente, en lo que respecta a la Conferencia Sudamericana, reiteramos la necesidad de que se incluya en el reglamento de la CSM -bajo el formato de adenda- un mecanismo de participación institucional, permanente y transparente de la sociedad civil bajo la órbita de la PPT que garantice amplitud y efectiva participación en los distintos espacios que conforman la CSM.
Organizaciones firmantes
- Centro de Estudios Legales y Sociales – Argentina.
- Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes – Argentina.
- Conectas Derechos Humanos – Brasil.
- Red Jesuita con Migrantes – Latinoamérica y el Caribe
- Servicio Jesuita a Migrantes Argentina – Uruguay.
- Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados – Brasil
- Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia (JRS/COL)
- Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales – Chile.
- Coordinadora Nacional de Inmigrantes – Chile.
- Red Nacional de organizaciones Migrantes y Pro-migrantes de Chile
- MIREDES Internacional
- Movimiento Acción Migrante – Chile
- Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) – Colombia
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento- (CODHES) – Colombia
Foto: Diego Pallero / Venezolanos en la estación de Quito, Ecuador.