Esta mañana las cuatro fuerzas federales allanaron y desalojaron a la comunidad Lafken Winkul Mapu de las tierras que reivindican ancestrales, cerca de Villa Mascardi, en Río Negro. Se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra mujeres y niñes. Siete mujeres y seis niñes fueron detenides.
La razón que invoca el Estado nacional para intervenir con sus fuerzas de seguridad es el ataque que se registró la semana pasada contra un puesto de Gendarmería. Este hecho se investiga en la Justicia Federal bajo la carátula “incendio, atentado y resistencia a la autoridad”. La causa, a cargo de la jueza Federal subrogante Silvina Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare, se encuentra en secreto de sumario, por lo que no es posible saber si existen pruebas contra integrantes de la comunidad. En cualquier caso, utilizaron un hecho puntual para generar el desalojo de toda una comunidad cuya disputa por la tierra viene siendo tramitada en otras causas judiciales diferentes de la que generó el allanamiento de hoy y en espacios de diálogo que se interrumpieron hace meses.
El conflicto por la tierra en la Patagonia deriva de la falta de respuesta de parte de las autoridades a las demandas de comunidades indígenas que apuntan a recuperar su territorio ancestral. No se resuelve con desalojos violentos, sino que esto pospone y agrava el conflicto. El Gobierno Nacional abandonó la política de mesas de diálogo que había iniciado en 2020, y eso agudizó el conflicto en Mascardi. Hay leyes vigentes para encauzar las demandas de las comunidades, pero no se aplican por la resistencia de los gobiernos provinciales y de los intereses comerciales que buscan acaparar tierras. El poder judicial también es un actor que muchas veces obstaculiza el acceso a la justicia de las comunidades indígenas.
Como señala la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI): “El Poder Judicial de Río Negro tampoco ha dado muestras de ofrecer caminos de pacificación y garantía de los derechos reconocidos al pueblo mapuche en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Muy por el contrario, el Poder Judicial de la provincia ha profundizado el nivel de conflictividad desconociendo el marco jurídico vigente en sus sentencias, promoviendo la imputación penal de los miembros de las comunidades y sancionando a uno de sus defensores, asociado de nuestra organización”, y agrega: “Lamentamos profundamente que la articulación entre el gobierno federal y el provincial haya llegado a acuerdos para la represión y no haya tenido la misma voluntad respecto de coordinar una política acorde a los compromisos internacionales en materia indígena”.
El accionar de las fuerzas federales se sustenta en el relato centrado en la “usurpación” y la “violencia”. Esto es parcial e interesado: sólo visibiliza el último acto de un proceso más largo, instala un discurso estigmatizante y reclama represión. A su vez, ese relato está anclado en la construcción de un “enemigo interno” que permite desplazar el sentido del reclamo ancestral al terreno de la violencia. En la construcción de la imagen de los “mapuches violentos” no solo hay racismo, sino intereses de todo tipo, incluidos los empresarios.
La ofensiva política, policial, judicial y mediática contra las comunidades que litigan por la tierra en Chubut, Río Negro y Neuquén abona un consenso represivo que hoy logró involucrar también al gobierno nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche (Télam).