Lucia, Gerardo, Laura y Marc estaban pintando un mural de memoria y protesta en el centro de Montevideo (Uruguay) el 16 de abril de este 2022. Conmemoraban el asesinato de ocho obreros comunistas en manos de las fuerzas armadas. En la pared que eligieron, ya intervenida antes y llena de afiches publicitarios, escribieron “50 aniversario de los comunistas asesinados en el Paso Molino” y “La vida por el socialismo”, junto el símbolo de la hoz y el martillo.
Cuando el mural estaba avanzado, un móvil de la policía llegó y preguntó qué estaban haciendo. Y, más tarde, en otro patrullero, un grupo de efectivos policiales les pidió sus datos personales. No les ordenaron que paren, ni les labraron un acta, ni les hicieron firmar nada. Sin embargo, a los pocos días fueron notificados de un proceso de faltas iniciado en su contra y citados a prestar declaración indagatoria por “vandalismo”.
La defensa de les militantes solicitó ante la Suprema Corte de Uruguay la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal uruguayo por el que se les procesa. Pero la excepción fue desestimada. El tribunal realizó una interpretación restrictiva del alcance del derecho de libertad de expresión, alejada del sistema internacional de derechos humanos.
El 9 de noviembre, Lucia, Gerardo, Laura y Marc fueron condenades a cumplir la pena de ocho días de prestación de trabajo comunitario o prisión equivalente. Ante esta sentencia, la defensa interpuso un recurso de apelación.
En esta instancia, junto con las organizaciones COFADEH de Honduras, el Observatorio Ciudadano de Chile y CAJAR de Colombia, nos presentamos como amicus en la causa. Alertamos sobre la utilización de figuras penales vagas como la de “vandalismo” para criminalizar reclamos políticos. Además, señalamos que la persecución penal no solo afecta a los militantes, sino que también busca intimidar a la organización a la que pertenecen y desalentar la expresión política en el resto de la sociedad.
¿Qué pasa en Argentina?
En San Juan, en 2022, cuatro activistas feministas fueron judicializadas con la figura de “daño agravado”, por pintar una leyenda por el 8M en el frente de una escuela. La denuncia y la acusación hacían valoraciones sobre el contenido político y “feminista” del mensaje pintado. Para identificarlas, la policía sanjuanina realizó un rastreo de redes sociales de organizaciones comprometidas con la lucha feminista. Tres de ellas fueron sobreseídas y una continúa procesada.
En Necochea a otra activista lesbiana le pasó lo mismo. Fue procesada, sin pruebas, por pintar “¿Dónde está Tehuel?” durante la marcha por el orgullo LGBTIQ+. Por la denuncia la suspendieron 10 días en su trabajo.