El tribunal oral federal nº 5 condenó a quince años de prisión al ex oficial de la Policía Federal, Mario Alfredo Sandoval, único imputado en el sexto tramo del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de detención, tortura y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sandoval fue condenado como coautor del secuestro y las torturas sufridas por Hernán Abriata, quien fue detenido el 30 de octubre de 1976.
En ese entonces, Sandoval era subinspector del departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina pero operaba con el grupo de tareas 3.3, que actuaba en la ESMA.
Poco después del fin de la dictadura, se fue a vivir a Francia, donde le otorgaron la ciudadanía. En 2012, el juzgado federal de instrucción n° 12 pidió su extradición por los casos de todas las víctimas que estuvieron en la ESMA durante su actuación como parte del grupo de tareas.
Luego de varios años de proceso en ese país, fue extraditado en 2019 para ser juzgado por el secuestro, las torturas y la desaparición de Abriata. Otros integrantes del grupo de tareas ya fueron juzgados y condenados por ese caso en la causa “ESMA unificada”.
Hernán tenía 24 años, estudiaba en la Facultad de Arquitectura de la UBA y era militante de la Juventud Universitaria Peronista. Fue visto en la ESMA hasta los primeros días de enero de 1977. Aún continúa desaparecido.
Sandoval fue uno de los oficiales que lideró el allanamiento ilegal de la casa de las familias Abriata y Dittmar. Luego también dirigió el operativo de secuestro de Hernán, que vivía en otra casa junto a su esposa Mónica Dittmar. El secuestro y la intervención de Sandoval fueron denunciados pocos días después. Sin embargo, en ese momento el poder judicial no investigó adecuadamente su desaparición forzada ni la responsabilidad del policía federal. La familia presentó varios habeas corpus que fueron rechazados.
Con el regreso de la democracia y derogada la “ley de autoamnistía” dictada por la dictadura, se reinició la investigación. Pero a fines de 1984 la causa pasó a la justicia militar. Luego quedó interrumpida con la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida. Tras años de demora del trámite de extradición y 46 años después de los hechos, el ex policía federal finalmente enfrentó su primer juicio oral.
En esta causa, el CELS es querellante institucional como organismo de derechos humanos y actuó de manera unificada con el equipo jurídico del colectivo KAOS, en representación de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.