El 3 de diciembre de 2010 centenares de familias con dificultades para acceder a una vivienda ocuparon el Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati. Cuatro días después, la jueza Cristina Nazar ordenó el desalojo del predio. Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina y la entonces Policía Metropolitana reprimió con extrema violencia la toma y causó las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras cinco personas. Durante los días del conflicto, también fue asesinado Emiliano Canaviri Álvarez. La ocupación del Parque visibilizó diversas problemáticas, entre ellas la vulnerabilidad de las familias que alquilan en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales.
Además de las balas de plomo que mataron e hirieron a quienes estaban en el predio, el accionar ilegal del 7 de diciembre de 2010 incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso abusivo de disuasivos químicos y el disparo de al menos de 580 municiones antitumulto. Cuando el terreno ya estaba vacío, policías de la Metropolitana persiguieron a los tiros a quienes huían a refugiarse donde podían. Otros efectivos dispararon desde arriba de un puente hacia adentro de la villa 20. Ninguna de las personas muertas o heridas estaba dentro del Parque, lo que demuestra que el operativo continuó una vez que el predio ya había sido desalojado.
En marzo de 2018, la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a tres jefes de la Policía Federal y a cinco jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios de Rossemary y Bernardo y las lesiones ocasionadas a otras cinco personas durante la represión. Al mismo tiempo, la jueza procesó a Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana, por su responsabilidad en los dos homicidios y las lesiones.
En mayo de ese mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos de los policías y de los jefes policiales y ordenó que se continúen investigando sus responsabilidades. Además, confirmó el procesamiento de Ricardo Picart. Cuatro años y medio después, la causa sigue estancada. Las medidas de prueba que ordenó la Cámara en 2018 se empezaron a producir lentamente después de tres años de inactividad.
Un despliegue policial como el del Indoamericano, con las características, la duración y las gravísimas consecuencias que tuvo, requiere que rindan cuentas ante el poder judicial quienes lo planificaron, dirigieron y tenían el deber de controlarlo, así como todos los que intervinieron. Además, en este caso particular, los ocho jefes estuvieron presentes en el lugar del operativo o bien, dando órdenes desde la sala de operaciones.
Todo este tiempo sin avances en el expediente, muestra la dificultad estatal para investigar seriamente y juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un grave mensaje acerca de que la represión y el accionar abusivo de las fuerzas pueden permanecer impunes. A doce años de la represión, las víctimas esperan una respuesta y que se avance hacia el juicio oral.
En la causa, el CELS representa a los padres de Rossemary, Sabina Puña Chambi y Galo Chura Paco, quienes viven en Oruro, Bolivia. Rossemary tenía 28 años al momento de su muerte y vivía en el barrio de Los Piletones, junto a sus hijos de 7 y 9 años.
Foto: Agencia Télam 7/12/2010