El lunes 23 de enero el Estado argentino fue evaluado en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante los países que lo integran debió informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, recibió comentarios y recomendaciones sobre sus políticas. Durante el Examen Periódico Universal (EPU), Argentina fue reconocida por sus avances en políticas de género y en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Por otro lado, las distintas delegaciones alertaron sobre temas centrales en la actualidad, como el crecimiento de la pobreza, la situación de las cárceles y la violencia institucional.
En la evaluación, gran parte de los países felicitó al Estado argentino por los avances en los juzgamientos a los represores de la última dictadura militar, destacando la continuidad de procesos que aún se están realizando. En las valoraciones sobre las políticas de género, se resaltó la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Al mismo tiempo, le recomendaron a la Argentina el cumplimiento de obligaciones internacionales y la implementación de políticas específicas para resolver algunos de los problemas de derechos humanos que ocupan un lugar relevante en la discusión actual, como las políticas para reducir la pobreza. Desde la región, países como Brasil pidieron que se adopten medidas de transferencias de ingresos a los sectores más vulnerables para erradicar la pobreza extrema. Chile también pidió que se contemple con especial atención a los sectores más afectados por la crisis económica tras la pandemia.
Las condiciones de detención de las cárceles estuvieron entre las preocupaciones de varios países, como Estados Unidos y el Reino Unido. Se sugirió trabajar para terminar con el abuso de la utilización de la prisión preventiva y, en su lugar, buscar medidas alternativas que no supongan privación de libertad. Se recomendó también reducir el hacinamiento en los centros de detención siguiendo las normas internacionales y prohibir el uso de comisarías policiales para detenciones prolongadas. Además se destacó la necesidad de crear mecanismos locales de prevención de la tortura en las provincias que todavía no los tienen.
La violencia institucional fue incluida entre los señalamientos de las recomendaciones. Algunos países advirtieron que hay un problema de uso excesivo de la fuerza por parte de las policías y que es necesario implementar políticas para reducir el uso letal de la fuerza.
En varias intervenciones se hizo referencia a los mecanismos independientes que controlan el cumplimento de políticas de derechos humanos y, en especial, al retraso en el nombramiento del Defensor del Pueblo.
Al final del intercambio, el Estado presentó compromisos voluntarios. Argentina asumió responsabilidad con la implementación plena de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país y la creación legal de un sistema integral de políticas de cuidados, incluyendo la adaptación de las jornadas laborales a las necesidad de cuidado y la modificación del régimen de licencias laborales.
Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado se comprometió con el diálogo y la resolución pacífica de los reclamos territoriales de las comunidades indígenas. Pero no se refirió a las transformaciones institucionales y políticas necesarias para lograrlo, como el avance de los procesos de relevamiento y demarcación territorial, la adopción de una ley de propiedad comunitaria indígena y el cese de las intervenciones basadas en la securitización del territorio, la criminalización y los desalojos violentos.
Para esta evaluación en el EPU, se tuvo en cuenta la información brindada por el Estado argentino, lo que aporta la sociedad civil y también los procedimientos especiales y los órganos de tratados de Naciones Unidas. En alianza con otras organizaciones desde el CELS remitimos con anterioridad una serie de informes temáticos, con diagnósticos y recomendaciones sobre la mayoría de estos temas en los que los diferentes estados demostraron preocupación.