La problemática alimentaria mantiene una centralidad en la agenda y también en el debate público. Según un informe de la Consultora Scentia, el consumo de alimentos cayó 1,6% en enero respecto del mes de diciembre del año pasado. Pero con una particularidad, según el informe, la caída de enero “está alimentada por una caída de 9,1% del consumo en almacenes, supermercados chinos y comercios de cercanía; mientras en los hipermercados se dio un alza de 7,8%”. Esto responde a que el Estado no llega con las medidas de control de precio a los mercados barriales y son las grandes empresas y cadenas agroalimentarias las que imponen las condiciones.
Las políticas que buscan moderar la inflación en alimentos están en línea con las propuestas de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que recomienda controles de precios y sanciones a grandes empresas alimentarias y supermercados, distintos tipos de transferencias monetarias o programas alimentarios para que las personas accedan a una dieta básica, o políticas de apoyo a la agroindustria. Si bien estas políticas pueden ser valiosas, son insuficientes y, como muestran los datos de Scentis, tienden a reforzar la posición dominante de los hipermercados.
Las políticas que solamente buscan intervenir en los precios omiten factores estructurales que contribuyen a un sistema alimentario concentrado, que es un elemento clave para explicar el aumento de precios incluso por encima de la inflación general, tal como se dio en las últimas mediciones. Es indispensable complementar estas medidas con políticas que promuevan una oferta más diversa de alimentos, como los mercados de cercanía o la ley de góndolas que, si bien ya fue sancionada, su implementación es deficiente.
En nuestra publicación “Sano, rico y barato” planteamos que el enfoque de la seguridad alimentaria que pone el foco en el acceso suficiente de alimentos, debe ser complementario del enfoque de la soberanía alimentaria, que pone la atención en el origen y las condiciones de producción de los alimentos. También advertimos que la concentración en grandes empresas de la producción y el comercio es uno de los principales rasgos del sistema agroalimentario argentino que, además, tiene una lógica rentística y mercantil que determina qué alimentos están disponibles y sus modos de comercialización. Este modelo tiene consecuencias negativas en la salud, el medioambiente, la alimentación y los modos de vida rurales y urbanos. La soberanía alimentaria pone en el centro el acceso a la tierra, los derechos campesinos y la transformación de los sistemas agroalimentarios para terminar con el hambre en el mundo.
La falta de acceso a la tierra para los productores de la agricultura familiar campesina indígena es uno de los principales obstáculos estructurales para lograr un sistema alimentario más desconcentrado y diverso. En ese sentido, el Comité DESC de Naciones Unidas afirmó recientemente, en su Observación General (OG) sobre el derecho a la tierra, que “la Tierra juega un rol esencial para la realización de una serie de derechos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El acceso seguro y equitativo a la tierra y el uso y control sobre ella para los individuos y comunidades puede jugar un papel esencial en erradicar el hambre, la pobreza y para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado”.
Según la OG, si los Estados asumen el compromiso de impulsar políticas efectivas de acceso a la tierra, “una distribución más equitativa de la tierra puede tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza y contribuir con la inclusión social y el empoderamiento económico. También mejora la seguridad alimentaria ya que vuelve a los alimentos más disponibles y asequibles. Los esquemas de distribución de tierras también deben apoyar a la agricultura familiar que, en muchos casos, usan la tierra de forma más sostenible y colaboran al desarrollo rural”.
La problemática alimentaria en la Argentina y el precio de los alimentos en particular, es un tema complejo que presenta una diversidad de factores que van desde el origen y la producción de los alimentos, hasta su comercialización, como parte de un proceso en el que intervienen una multiplicidad de actores. Como señalamos, parte central de la problemática es un modelo de producción de alimentos orientado por una lógica mercantil y rentística en desmedro de las necesidades sociales; luego la concentración y distribución de los alimentos en un grupo reducido de empresas, complican aún más el cuadro.
Por eso, son necesarias políticas y medidas estatales que intervengan sobre todo el proceso agroalimentario, y no solo sobre el final. Si no, políticas necesarias como control de precios corren el riesgo de quedar a mitad de camino. Del mismo modo el Estado puede fomentar otro tipo de estrategias para aumentar la producción de alimentos garantizando el acceso a la tierra y la incorporación de actores que no pertenecen al sector agroindustrial sino que se dedican a la producción de alimentos frescos mediante redes de comercio locales y regionales la mayoría de las veces efectivas, como quedó demostrado en los momentos más críticos del aislamiento durante la pandemia.
Foto: Matías Sarlo.