La concejala y activista de derechos humanos de Río de Janeiro, Marielle Franco, y su chofer, Anderson Gomes, fueron asesinados a tiros hace cuatro años. Marielle Franco era negra, bisexual, residente de favelas y llevaba adelante críticas a las violaciones de derechos humanos en Brasil, en particular a los abusos policiales.
En marzo de 2019, dos expolicías devenidos sicarios fueron detenidos y acusados de los asesinatos; sin embargo, aún no se sabe quién los ordenó y por qué. La investigación, que ya pasó por las manos de cinco investigadores policiales y 11 fiscales, enfrenta críticas por su falta de transparencia y denuncias de injerencia externa. Las familias fueron excluidas en todas las etapas de la investigación.
El STJ tomó esta decisión luego de que numerosos expertos y organizaciones presentamos una nota ante el Tribunal que reafirmó las obligaciones internacionales de Brasil de proporcionar a los familiares de las víctimas acceso a los aspectos relevantes de la investigación y la legitimación activa, en el marco del deber de investigar.
La nota también destaca que para cumplir con el requisito de una investigación transparente y defender el derecho de la sociedad a la verdad, Brasil debe garantizar el acceso a la investigación a los grupos de la sociedad civil con un interés legítimo en el caso.