El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones para que el Estado argentino trabaje en fortalecer e implementar las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Las recomendaciones son el resultado de un examen periódico a nuestro país, en el que también se tomaron en cuenta diversos informes presentados por organizaciones de la sociedad civil. Estos informes, que fueron presentados esta mañana en la Cámara de Diputados, denunciaban que los derechos de este sector de la población continúan siendo vulnerados y que existen grandes deudas en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta es la segunda vez que el Comité realiza sugerencias a la Argentina desde que se ratificó la Convención: en 2012 se plantearon 50 recomendaciones, de las cuales hasta ahora el Estado cumplió apenas 8. Esto refleja la enorme brecha que aún hoy existe entre los derechos que la Convención reconoce y las políticas públicas para alcanzar su cumplimiento efectivo.
Entre las recomendaciones realizadas en esta oportunidad por el Comité de la CDPD se destacan las siguientes:
-Armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley sobre los derechos de las personas con discapacidad alineada con el modelo de derechos humanos.
-Redoblar esfuerzos para promover el acceso al Certificado Único de Discapacidad en todo el país y eliminar los obstáculos que dificultan su obtención.
-Garantizar la participación activa y efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de legislación y políticas públicas de discapacidad.
-Aprobar el Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad y adoptar un sistema nacional integral de apoyo y cuidados, conforme a la Convención.
-Incorporar la perspectiva de discapacidad en la Ley 26.061 y en el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
-Armonizar el Código Civil y Comercial de la Nación con la Convención para garantizar el igual reconocimiento como persona ante la ley de todas las personas con discapacidad, incluyendo la eliminación de las disposiciones que permiten la restricción de su capacidad jurídica, así como las figuras de la incapacitación y la curatela.
-Implementar mecanismos de apoyo de distinto tipo para la adopción de decisiones, y salvaguardias que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de todas las personas con discapacidad.
-Reformar el Código Penal Argentino y los Códigos Procesales penales pertinentes, entre ellos elde la Provincia de Buenos Aires, a fin de evitar la privación de libertad de las personas con discapacidad sobre la base de su peligrosidad, revisar los casos de las personas internadas en cárceles por medidas de seguridad y garantizar el debido proceso.
-Avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas, cerrar los hospitales psiquiátricos e implementar redes de atención en salud mental integrada al primer nivel de atención.
-Reglamentar la Ley 26.480 del asistente domiciliario y garantizar la disponibilidad de apoyos para la vida independiente para las personas con discapacidad en el marco de la Convención.
-Aumentar el presupuesto para salud mental conforme a la pauta del 10% del presupuesto de salud, establecida por la Ley 26.657.
-Garantizar la accesibilidad de la información de los medios de información y comunicación pública, incluyendo la televisión, los sitios web, y la aplicación móvil Mi Argentina.
-Redoblar esfuerzos para poner fin a la educación especial segregada, incluyendo un plan de acción nacional sobre la educación inclusiva de calidad, con objetivos específicos, plazos, recursos humanos y un presupuesto suficiente, a fin de asegurar la provisión de apoyos y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad que lo requieran en todos los niveles educativos.
-En el marco del Programa Salud Sexual y Procreación Responsable, incrementar esfuerzos para que las mujeres y niñas con discapacidad en todas las provincias puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y apropiados para la edad,
-Reforzar las medidas afirmativas y los incentivos para alentar el empleo de las personas con discapacidad, en los sectores público y privado, y cumplir al menos con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público y en entidades privadas concesionarias de servicios públicos.
-Reformar la legislación en materia de pensión no contributiva por “invalidez” para reemplazar el modelo médico por el de derechos humanos, cambiar su nombre, aumentar el monto a al menos el salario mínimo vital y móvil, y permitir la percepción de otros ingresos.
-Reformar el Código Nacional Electoral a fin de reconocer el derecho al voto de todas las personas con discapacidad.
-Desarrollar un sistema de recopilación de datos sobre las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
La presentación de los diversos Informes elaborados por las organizaciones de la sociedad civil y de las recomendaciones se realizó en el Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí se expusieron el Informe Alternativo presentado en el 28º Período de Sesiones al Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); el Informe Alternativo presentado en la 86º Período de Sesiones del Comité de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Informe de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5 (ODS), coordinado por FAICA, presentado al Comité Nacional de Políticas Sociales y en el Primer Foro Regional de Intercambio sobre los avances de la implementación de la CDPD y los ODS.
Quienes expusieron en el evento, en representación de las organizaciones de la sociedad civil, fueron: Gabriela Troiano (REDI), Fabián Murúa (CELS), Juan Cobeñas (Asociación Azul), Belén Arcucci (ACIJ), Soledad Gélvez (FAICA) y Mariana Gandolfo (Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH de Córdoba). Además participaron representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organismos de derechos humanos, universidades nacionales y funcionaries del Estado Nacional, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.
Firman
ACIJ, CELS, FAICA, REDI, Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Informe Alternativo, coordinado por REDI, y elaborado por 26 organizaciones de personas con discapacidad, organismos de derechos humanos y universidades nacionales.
Recomendaciones del Comité al Estado argentino
Comité de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Informe Alternativo, coordinado por la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH de Córdoba, y elaborado junto con el Observatorio de Salud Mental de Córdoba y REDI.