El ex jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Jorge “Tigre” Acosta, fue condenado por los abusos sexuales que sufrió Graciela García Romero, secuestrada en ese centro clandestino de detención. Graciela fue la primera querellante que denunció formalmente la violencia sexual en la Justicia representada por el CELS. En su fallo los camaristas sostuvieron que los abusos sexuales son hechos independientes de las torturas y que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La decisión la tomó la Sala II de Casación Penal al revisar la sentencia que el Tribunal Oral Federal 5 dictó en 2017, en la causa que se conoce como ESMA Unificada y que no había contemplado las violaciones que denunció Graciela, sino que los inscribieron dentro de los tormentos generales sufridos en cautiverio.
“Consideramos que se deben encuadrar los hechos de violencia sexual en las figuras penales referidas específicamente a esta clase de delitos, ya que es la manera adecuada de visibilizarlos y de establecer la verdadera dimensión que han tenido”, señalaron ahora los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques. También los jueces resaltaron las obligaciones internacionales del Estado sobre el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y en la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
EL CELS acompañó el pedido de justicia de Graciela desde 2005. Ella fue la primera querellante que denunció formalmente la violencia sexual sufrida en la ESMA y también decidió hacerlo en la justicia penal. El entonces juez de la causa, Sergio Torres, procesó a Acosta en 2009 por el delito de violación, sin embargo la Cámara de Apelaciones recalificó los hechos como torturas, negando arbitrariamente las características específicas de estos tipos de delitos y las consecuencias para la integridad psicofísica de sus víctimas.
A pesar de eso, el juez Torres inició en 2011 una causa judicial para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos contra la integridad sexual de otras detenidas desaparecidas de la ESMA. En el juicio “ESMA II”, que finalizó en diciembre de 2011 y abordó principalmente la actuación del Grupo de Tareas 3.3.2 a cargo de Acosta, a partir de un pedido del CELS, se ordenó la extracción de testimonios para investigar la comisión de delitos contra la integridad sexual de las personas secuestradas.
En causa conocida como “ESMA unificada” muchas mujeres relataron la violencia sexual a la que eran sometidas ellas y sus compañeras desaparecidas.
En nuestra publicación Ser Mujeres en la ESMA, diversas autoras reflexionan sobre los efectos de este tipo de violencias machistas dentro de centros clandestinos y las estrategias desplegadas por quienes las sufrieron para resistir, visibilizar y denunciar.