A pocos días de cumplirse cuatro años de la Masacre de San Miguel del Monte, comenzará el juicio oral y público que juzgará a cuatro efectivos de la policía bonaerense acusados por el homicidio agravado de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Camila López, y por la tentativa de homicidio agravada de Rocío Quagliarello.
En la madrugada del 20 de mayo de 2019 Aníbal, de 22 años, oriundo de Misiones, manejaba su auto Fiat 147 blanco con sus amigos Gonzalo, de 14 y Danilo, de 13. En una de las vueltas por la ciudad de San Miguel del Monte se cruzaron con Camila y Rocío, también de 13 años, y amigas de los chicos que las invitaron a subirse al auto.
Ninguno de los cinco imaginaba lo que estaba por suceder cuando dos móviles policiales, en los que iban los efectivos Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez los empezaron a perseguir y a dispararles con sus armas de fuego.
La investigación determinó que García y Monreal dispararon contra el auto con sus armas de fuego reglamentarias; una de esas balas hirió a Gonzalo. El terror que generaron los disparos y la velocidad con que les perseguían, provocó el choque del Fiat 147 contra un camión que estaba estacionado. Aníbal, Danilo, Gonzalo y Camila murieron. Rocío estuvo hospitalizada durante más de un mes y sobrevivió.
Desde el CELS intervenimos en el proceso desde septiembre de 2019, como querella institucional, y acompañamos a los equipos de atención que brindan asistencia individual y grupal a las víctimas. También, nuestro equipo de salud mental brinda asistencia psicoterapéutica a una de las familias.
El debate será bajo la modalidad de juicio por jurados y estará dirigido por la jueza Carolina Crispiani del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata. Mariano Sibuet encabezará la acusación por el Ministerio Público Fiscal.
Un caso, una práctica repetida
La brutalidad policial es un grave problema de derechos humanos en nuestro país.
Estas prácticas violentas son ejercidas por las policías en todo el país y se observan repetidamente en intervenciones policiales específicas como las persecuciones vehiculares. En estos contextos queda en evidencia, además de la decisión política o institucional de que intervengan con criterios abusivos, la falta de profesionalismo de las policías que actúan sin evaluar las consecuencias.
La alteración de la escena de los hechos por parte de las policías para justificar sus intervenciones, también forma parte de las rutinas. Durante la investigación, la fiscalía pudo determinar que en las horas posteriores a la persecución y la agresión policial armada que derivó en la muerte de cuatro jóvenes, dentro de la fuerza policial y de la intendencia de San Miguel del Monte se tejieron maniobras de encubrimiento.
Declaraciones falsas, adulteración de documentos oficiales y el intento de instalar un relato que le quitara responsabilidad a los efectivos fueron algunas de las maniobras que realizaron con el fin de obstaculizar la investigación.
Por estos hechos se inició una causa judicial en la que se encuentran imputados otro grupo de efectivos policiales y funcionaries de San Miguel del Monte.
En una nueva conmemoración del Día nacional de la lucha contra la violencia institucional esperamos que el proceso judicial esclarezca lo ocurrido, que determine la responsabilidades de los policías involucrados y lleve reparación a sus víctimas y familiares. Pero además de todo esto, es imprescindible que los gobiernos implementen seriamente políticas de prevención y control del uso de la fuerza policial.