Con una Legislatura vallada para mantener alejados a los trabajadores de la educación y de la salud que llevan cinco semanas de medidas de fuerza, en Salta se aprobó sin debate en comisiones una ley que limita el derecho a la protesta. La nueva norma establece requisitos para llevar adelante las manifestaciones públicas, entre ellos entregar información sobre los organizadores. Este tipo de controles funcionan como métodos para desalentar el desarrollo de protestas, y también como mecanismo de persecución de referentes sociales y políticos.
Además de establecer graves restricciones para el uso del espacio público, la ley también omite regulaciones sobre el uso de la fuerza como son la prohibición de las armas de fuego y de la restricción de uso de armas menos letales, que en nuestro país ya rigen para las fuerzas federales.
El texto de la denominada “Ley Antipiquetes” señala que las protestas deben ser comunicadas con al menos 24 horas de anticipación en la seccional policial más cercana al lugar que se realice. Deben informarse el tiempo de duración y los motivos de cada movilización. Luego de eso, las autoridades serán las que evaluarán si la protesta se puede realizar. “Las manifestaciones que no cumplan con lo dictado y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria”, describe la ley que sería aplicada por el Ministerio de Seguridad de Salta. Con esta medida contraria a los estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Salta quedan prohibidas las protestas espontáneas.
La ley también condiciona la garantía de protección a la protesta a que no haya ningún hecho de violencia durante su desarrollo, cuando es el propio Estado el que tiene que garantizar la integridad de la vida de las personas que se manifiestan y la de terceros, y reducir las afectaciones de las personas que no participan en la protesta.
En febrero de este año, el gobierno de Salta sacó por decreto un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad provinciales en manifestaciones. Fue como respuesta a las protestas por el acceso al agua potable en los departamentos de San Martín y Orán. Ese protocolo ya planteaba restricciones sobre las protestas callejeras, fundamentalmente orientado a evitar los cortes como forma de protesta social y no contemplaba los derechos de los manifestantes. En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU recomendó cambiar y anular el protocolo, algo que nunca sucedió.
Con la sanción de esta ley, el poder legislativo de Salta refuerza los obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta en la provincia.