La cámara de casación federal le ordenó a la justicia federal de Jujuy que intervenga en la protección de los pueblos indígenas y les manifestantes que ejercen su derecho a la protesta sobre las rutas jujeñas. De esta manera exige que haya mecanismos de control sobre el despliegue e intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en rutas nacionales durante las protestas, para evitar que se siga con la represión policial. Esta decisión de casación fue en respuesta a un habeas corpus que presentamos -junto con Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), y que también acompañó Xumek- por los numerosos hechos de represión en la provincia tras la sanción de la reforma constitucional.
Con su fallo, los jueces de la sala IV de casación federal revocaron las decisiones del juez y de la cámara federal de Jujuy que habían otorgado competencia a la justicia provincial, porque la policía de jujuy ya había reprimido las protestas en rutas nacionales. La decisión que fue tomada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, señaló que una respuesta así implicaba vaciar la protección de todes aquelles que protestaban.
El habeas corpus preventivo se presentó para asegurar la libertad y la integridad física de miembros de comunidades y pueblos indígenas de Jujuy y las demás personas que manifestaban en las rutas de Jujuy, porque esos derechos “se encontraban bajo amenaza actual e inminente de ver violentadas”, lo que había ya sucedido con la violenta represión de los días 16 y 17 de junio, incluso luego de la presentación de la acción.
Además la justicia federal de Jujuy, que se había desentendido del reclamo preventivo, inmediatamente después autorizó a Gendarmería Nacional y a la Policía provincial a intervenir en las rutas nacionales 9 y 34, lo que habilitaba acciones que podrían afectar el ejercicio de la protesta.
“Las manifestaciones a las que se refieren los recurrentes tienen lugar en rutas destinadas al tránsito interjurisdiccional, motivo por el cual no correspondía descartar, al menos por el momento, el accionar de la Gendarmería Nacional”, sostiene el fallo de casación. También en el texto aclara que la incompetencia declarada por la justicia jujeña “implicó la habilitación a una fuerza federal para realizar actos que podrían afectar el ejercicio del derecho que se pretende garantizar mediante el hábeas corpus”. Por esas razones decidió hacer lugar al habeas corpus de manera “directa e inmediata”, lo que constituye “la garantía más eficaz para el análisis amplio y desde toda perspectiva de las cuestiones en juego, dándole a todos los interesados la oportunidad con pleno acceso a Justicia de expresar el sentido y el alcance de sus derechos y de la pretensión que reclama”.
Las movilizaciones en Jujuy comenzaron el año pasado porque no se conocía el contenido de las propuestas de reforma constitucional en materia de pueblos indígenas. Luego, en abril, se sumaron actores sindicales, en particular docentes, que reclamaban por mejores condiciones laborales y salariales. Desde hace más de dos semanas, distintos sectores sociales se manifiestan contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial. La respuesta fue represión y criminalización, decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. La nueva Constitución, aprobada en tiempo récord, restringe el ejercicio de los derechos humanos y busca evitar las reacciones a la expansión del extractivismo en la zona. También plantea regulaciones que limitan la protesta social, no reconoce el derecho al agua de las comunidades, ni medidas para la protección del ambiente, entre otras cuestiones.