Las organizaciones firmantes que seguimos el desarrollo de las elecciones en Guatemala para la presidencia de la república, diputaciones y alcaldías, comunicamos nuestra preocupación por la suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) de la oficialización de los resultados de las votaciones del 25 de junio.
Las audiencias de revisión de escrutinios por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyeron el 30 de junio cumpliendo los plazos legales, y confirmaron los resultados de las votaciones, según los cuales Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo del partido Semilla deberían disputar la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto. Sin embargo, el 1 de julio, nueve partidos políticos presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad por supuesta alteración del resultado de las elecciones.
La CC determinó brindar un plazo de 5 días para realizar una nueva audiencia para cotejar las actas que formaron parte del proceso electoral y ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender la oficialización de resultados.
Los reportes de las misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), así como de la misión de observación nacional (MOE-GT), coinciden en que la jornada de votaciones del pasado 25 de junio se desarrolló de modo íntegro y sin incidentes que puedan implicar la invalidación de los resultados electorales.
En un contexto en que el Estado de Guatemala emprendió procesos para criminalizar a operadores de justicia independientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos; y en el cual se impidió la participación de candidaturas presidenciales con potencial de disputar el poder, resulta preocupante observar mensajes que amenazan con el uso indebido del sistema penal contra las personas integrantes de las Juntas Electorales.
La legitimidad de las elecciones recae sobre las Juntas Electorales integradas por ciudadanos y ciudadanas que participan de manera cívica. En este sentido, hacemos un llamado a que se respete el derecho al voto y se desista del uso del sistema de justicia para tratar de incidir de forma indebida en esta etapa del proceso electoral para intentar invalidarlo y desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Exhortamos al Estado de Guatemala a tomar las medidas necesarias para garantizar que se respete el derecho de participación ciudadana y la integridad del proceso electoral.
Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse al tanto de lo que acontece en Guatemala. Este es un momento histórico en el cual la veeduría nacional e internacional es imprescindible para prevenir actos arbitrarios que desvirtúen la voluntad popular.
Firman: 196 organizaciones nacionales e internacionales. La lista completa acá