Como consecuencia de la represión de una manifestación por parte de la Policía de la Ciudad en el Obelisco murió el militante popular y fotorreportero Facundo Molares. Mientras les manifestantes estaban haciendo una asamblea les agentes policiales les golpearon y patearon. Según personas que dieron su testimonio, a Facundo lo aplastaron contra el piso durante varios minutos. Ninguno de los efectivos que lo rodeaban intentó reanimarlo de inmediato.
Estas acciones policiales violentas no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen derechos democráticos fundamentales como manifestarse.
El gobierno de la Ciudad, antes de que cualquier investigación judicial haga su trabajo, salió a instalar una versión de los hechos que pretende sostener que Facundo murió por causas que nada tienen que ver con el operativo. Ya hemos visto este tipo de respuestas en otras ocasiones equivalentes. Ante su intento de negar la responsabilidad policial, es fundamental garantizar que se preserve toda la evidencia: cámaras de seguridad de la zona, la información médica del SAME, del hospital y la autopsia.
La última vez que la represión de una protesta en la Ciudad había provocado muertes fue en diciembre de 2010. Fue cuando Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro fueron asesinados en un operativo de fuerzas de seguridad de la Ciudad y la Policía Federal Argentina en el parque Indoamericano.
Hoy estamos de nuevo ante una situación que nos conmueve y nos moviliza. Participar de una protesta no puede ser una decisión que pone en riesgo la vida.
Conocimos a Facundo Molares y su trayectoria a partir de su detención ilegítima en Bolivia. En el contexto del golpe de Estado de ese país Facundo registró distintas situaciones y por eso fue privado de libertad durante más de 10 meses. Después de muchas gestiones recuperó su libertad y regresó a la Argentina. Meses después sobre la base de una acusación infundada, fue sometido a un proceso de extradición, reclamado por la justicia de Colombia y sin justificación alguna, fue detenido durante casi 11 meses. Finalmente la justicia de Colombia desistió el proceso de extradición, a partir de las gestiones realizadas en ese país por distintas organizaciones sociales que reclamaban por su liberación.
Morir por participar en una protesta no tiene nada que ver con la vida democrática. La muerte de Facundo tiene que esclarecerse. Las autoridades deben dar un mensaje claro y contundente de que esto no puede pasar en la Argentina.