Ley de alquileres: los derechos de les inquilines están en juego

Más de veinte organizaciones le pedimos al Congreso que proteja a quienes dependen de su trabajo para tener un lugar donde vivir. Este martes 10 de octubre la Cámara de Diputados trata dos proyectos de reforma. El que impulsa la oposición perjudica a les inquilines, les quita garantías y previsibilidad al contrato de alquiler.

Mañana en la Cámara de Diputados se ponen en juego los derechos de los inquilinos e inquilinas de todo el país.

El bloque de Juntos por el Cambio busca aprobar una propuesta que acorta el plazo del contrato y de las actualizaciones, permite el pago de alquileres por adelantado y flexibiliza la exigencia a les propietaries de hacerse cargo de los arreglos en las viviendas, entre otras cuestiones. Todas las modificaciones propuestas perjudican a les inquilines: quitan garantías y previsibilidad al contrato de alquiler. 

El oficialismo y otros bloques, por su parte, buscan aprobar un dictamen más favorable para les inquilines: si bien disminuye el período de actualización del valor de los contratos de 1 año a seis meses, la propuesta sostiene los 3 años de duración de los contratos, fija un índice de actualización más cercano a los ingresos reales  y prohíbe expresamente los alquileres en dólares.

El principal argumento para volver atrás con la ley de alquileres es que es necesario hacer concesiones a les propietaries para mejorar la oferta. Pero este planteo omite otras variables con impacto mucho más directo sobre el mercado como los altos índices de inflación, la depreciación del peso y los salarios, la reactivación del turismo, que dinamizó el mercado de alquileres temporarios en dólares. Nada garantiza que estas concesiones tengan como resultado aumentar la oferta. 

Sí sabemos, con seguridad, que la solución nunca puede ser un mercado desregulado. El Estado no puede permitir que el acceso a la vivienda de les inquilines dependa exclusivamente de las decisiones de quienes buscan maximizar su rentabilidad. Hace falta un Estado presente, garante de derechos y responsable de implementar políticas públicas que hagan valer el derecho a la vivienda.

Esperamos que este martes el Congreso apruebe el dictamen del oficialismo y, de esta manera, elija proteger a quienes dependen de su trabajo para tener un lugar donde vivir. 

La vivienda no es una mercancía

La vivienda es un derecho

Firmas:

Alianza Internacional de Habitantes (AIH)

Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA)

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Asociación Civil inquilinos argentinos por un Techo Digno

Canoa – Hábitat Popular

Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)

Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria 

El Movimiento “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”

Federación de cooperativas Todos Juntos

Fedevi Argentina  

Fundación Amadeo Capital Humano

Habitar Argentina

La Boca Resiste y Propone

Observatorio del Derecho a la Ciudad

Observatorio de Economía Urbana CEPA

Proyecto Habitar

Sindicato de Inquilinas/os Trabajadoras/es de Chubut

Firmas individuales

Carolina Gonzalez Redondo – CONICET – IEALC/UBA

Florencia Labiano – Investigadora EIDAES UNSAM. CONICET

Susana González – Fundación Amadeo

Marina Thia – Cooperativa Todos Juntos

Natalia Lerena Rongvaux – Instituto de Geografía. Universidad de Buenos Aires

María Cecilia Zapata – CONICET – IIGG/UBA

Bruno Giormenti Moravec – CEDESU/Fundación Igualdad

Marcela Ormeño – AMPUNSJ (Asociación Mutual del Personal de la UNSJ)

Foto: Aymara Pais Negrin