La empresa Acindar colaboró activamente con la represión ilegal. Aportó listados de personas para que fueran secuestradas y dentro de su planta funcionó un centro clandestino de detención. Los delitos de lesa humanidad del que fueron víctimas trabajadores de la siderúrgica comenzarán a ser juzgados este lunes 13 de noviembre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario.
En la causa, en la que el CELS interviene como querellante institucional, hay 24 imputados, que incluyen a varios miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, y a dos jerárquicos de Acindar en la época de los hechos: Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo.
El juicio analizará las responsabilidades que ese grupo de imputados tuvo en los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de 67 víctimas, la mayoría militantes sindicales y trabajadores de Acindar y de otras empresas de la zona, a partir de 1975.
A fines de ese año, la empresa había ordenado a sus operarios que realizaran el trámite para sacar la cédula de identidad de la Policía Federal y que se tomaran fotografías para renovar el carnet de fábrica. Esas fotos terminaron siendo usadas por los militares para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestros y allanamientos.
Además, Acindar puso a disposición de las fuerzas represivas medios de transporte y sus instalaciones: en su planta funcionaba un destacamento policial y en los albergues de solteros de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. A este lugar fueron conducidos varios de los secuestrados y, allí mismo, torturados. Algunas de las víctimas, además, fueron secuestradas en lugares en los que sólo el personal directivo de Acindar sabía que se encontraban.
En ese contexto represivo, la empresa se benefició del proceso de concentración de la actividad siderúrgica durante la última dictadura militar: absorbió a otras del rubro y se conformó como un grupo oligopólico. El fuerte de la producción se llevó a las plantas de Villa Constitución y La Tablada, y se redujo personal.
Los trabajadores de Villa Constitución venían protagonizando hasta ese momento un proceso de organización con mejoras salariales y aumento de afiliados, que los convirtió en referentes del sindicalismo combativo.
Desde el final de la década de 1960, se organizaron de espaldas a la burocracia sindical, en un sindicalismo clasista, activo y ligado a las bases. Se estaba gestando El Villazo. Para resistir la intervención de la conducción nacional de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM) y el intento de anular las elecciones de la seccional, los obreros tomaron la fábrica por varios días en marzo de 1974, con el apoyo de toda Villa Constitución. La medida fue exitosa y se celebró en las calles.
Se impuso entonces la Lista Marrón, «antiburocrática, antipatronal y antiimperialista», que logró, en una economía inflacionaria, aumentos de sueldo por encima de los convenios y de las sugerencias del gobierno. También consiguió incrementar la cantidad de afiliados y elaborar proyectos para la construcción de un policlínico y un nuevo convenio colectivo más favorable a los trabajadores.
Frente a ello, el gobierno nacional denunció un “complot subversivo” en el cordón industrial norte con eje en Villa Constitución. La ciudad fue ocupada el 20 de marzo de 1975 por 4000 agentes de fuerzas policiales y de gendarmería, con un enorme despliegue de patrulleros, carros de asalto, lanchas y helicópteros.
La persecución y posterior desaparición de muchos de ellos estuvo dirigida, justamente, a quienes eran miembros de la comisión interna o activistas gremiales, por eso la represión fue una continuidad de la confrontación entre el capital –con el visto bueno del gobierno militar– y el trabajo. Acindar se convirtió en uno de los casos paradigmáticos de represión a los trabajadores antes de la dictadura. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Ejército se hizo cargo del sindicato intervenido, se incrementaron los despidos y más de cien obreros, delegados y activistas fueron encarcelados.
Acindar se valió de recursos públicos, beneficios y prebendas de parte del Estado argentino: los regímenes de promoción industrial, diferimientos y refinanciaciones, la estatización de su deuda por 652 millones de dólares. El presidente del directorio en 1975 fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura desde 1976.
La audiencia del lunes comienza a las 10 y puede verse en vivo por el canal de La Retaguardia.