En su primera conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció un nuevo protocolo para impedir con represión la protesta social que afecte la circulación del tránsito. Las medidas se arrogan facultades judiciales y legislativas y pretenden criminalizar a quienes se manifiestan y perseguir a la organización social y política. El protocolo fija pautas de actuación policial y estatal contrarias al derecho a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y de protesta social reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El protocolo establece que cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calles o rutas y que disminuya la “circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas” constituye la comisión de un delito en flagrancia, lo que habilitará la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta y para recabar información sobre sus participantes y organizaciones a los fines de perseguirlos penalmente. Al suprimir el derecho a elegir el modo y lugar de la protesta, anula por completo el derecho a manifestarse.
Además, el protocolo contiene disposiciones para criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales. Es decir, que estas nuevas medidas recaerán especialmente sobre los sectores populares.
También Bullrich señaló que castigará la participación de niñas, niños y adolescentes en las protestas. De esta manera criminaliza a madres y padres que demandan mejores condiciones para sus familias y excluye a quienes están a cargo de su cuidado.
El protocolo se dictó apenas dos días después de que el ministro de Economía comunicara la puesta en marcha de un plan económico que tendrá un serio impacto en los sectores sociales más pobres del país. De esta forma se busca desalentar las posibilidades de manifestación pública y reclamos al gobierno por parte de las personas afectadas por el brutal ajuste.
El protocolo que acaba de dictar la ministra Bullrich deroga la resolución 210 que en 2011 dictó el Ministerio de Seguridad de la Nación, tras los asesinatos de manifestantes en diciembre de 2001, en el Puente Pueyrredón en 2002 y en el Parque Indoamericano en 2010. Esta resolución fijaba reglas y pautas de actuación policial y estatal acordes a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derecho a la protesta social. Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes.
De este modo se completa un círculo: se deroga la resolución que tendía a garantizar, proteger y promover estos derechos fundamentales para crear otra que desprotege, desconoce y suprime el derecho a manifestarse o peticionar contra cualquier persona o gobierno.
El escenario que se abre con estas nuevas medidas es grave porque la experiencia de las últimas décadas muestra que cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles.