El 10 de enero de este año se conoció la comunicación oficial del cuerpo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la séptima revisión del acuerdo de Servicio Ampliado firmado en 2022 por el gobierno anterior. El acuerdo –que estuvo vigente todo este tiempo– fue originalmente pactado para pagar una deuda anterior, la del Stand By firmado por el gobierno de Cambiemos en 2018.
Durante estos años, los acreedores –con el FMI a la cabeza– no tuvieron en cuenta los problemas locales e internacionales, ni los perjuicios en los derechos humanos de quienes habitamos este país causados por la crisis y sostener el pago de la deuda. A las dificultades derivadas de la pandemia del COVID19 y de la inflación mundial y el alza de las tasas de interés desde la guerra en Ucrania –con el aumento internacional del precio de la energía y los alimentos– se sumó el impacto del cambio climático. Durante 2023 la sequía extrema que vivió Argentina hizo perder al país el 24,5% de sus exportaciones y de la recaudación de impuestos relacionada con ellas.
Aún considerando las inconsistencias del programa económico anterior, llama poderosamente la atención que el FMI no tome en cuenta ni un solo elemento del contexto internacional como parte del problema, ni tampoco las consecuencias de las políticas adoptadas por presión del organismo o bajo su aval. El Fondo podría haber otorgado un alivio a los compromisos del país, o suspenderlos hasta que se normalizara la situación climática, o podría haber dejado de cobrar (total, o al menos, parcialmente) sobrecargos. No solo no hizo nada de esto, sino que demoró la evaluación que debía realizar en noviembre, obligando a recurrir a otros acreedores para obtener los dólares para pagar al organismo en el último bimestre del año, lo que agregó otro factor de inestabilidad a la economía. Con menos divisas disponibles, se intensificaron los problemas de corrida cambiaria y brecha, de la mano de los cuales la inflación se elevó.
A comienzos de enero, el FMI envió la misión técnica para realizar la séptima revisión. De esa visita, se elaboró el comunicado que celebra el proyecto económico del actual gobierno –reflejado principalmente en las medidas adoptadas en diciembre de 2023, el Decreto 70/2023 y el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos–. Este comunicado no tiene ningún sustento empírico ni técnico, ni considera las graves consecuencias de las medidas en las condiciones de vida de la población, y anuncia el adelanto de los fondos correspondientes a la séptima revisión, para favorecer al gobierno actual.
El FMI carga todas las dificultades económicas al gobierno anterior, pero elude –a pesar de contar con los datos oficiales– el severo impacto inflacionario de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno. Estas incluyeron una fuerte devaluación de la moneda y liberación de precios, que trajeron como resultado una inflación general de los precios del 25,5% en diciembre, cifra que se repetiría en enero. En esa aceleración de precios, los salarios quedaron retrasados. Se calcula una pérdida de poder adquisitivo del orden del 20,3% sólo en ese mes. Tras estas medidas iniciales se dispuso el aumento de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos, cuyos efectos están apenas empezándose a ver, y además, la inflación mayorista de diciembre alcanzó al 54%.
El primero de los entendimientos clave, según el FMI, es la durísima política fiscal. El gobierno ha comprometido un superávit fiscal primario (sin contar los pagos de intereses) del 2% del PIB para 2024, mucho más duro que el 0,9% comprometido anteriormente. El apretón fiscal surgiría de mayores impuestos y de reducir los subsidios a la energía y el transporte (lo que implicará más inflación y una suba en el costo de los servicios básicos para lxs usuarixs), suprimir obras públicas, bajar las transferencias a las provincias y empresas estatales. Todo esto significa inducir una recesión económica que lejos de mejorar el resultado fiscal, lo empeorará, porque reducirá las actividades sobre las que se recaudan los principales impuestos nacionales: IVA y Ganancias. Tampoco es seguro que el aumento de los derechos de exportación compense estas pérdidas, por las resistencias del sector agroexportador a pagar estos impuestos, sobre todo cuando la brecha cambiaria es significativa, como ocurre actualmente.
Además, algunos recortes responden meramente a una disputa ideológica. Por ejemplo, el recorte propuesto en el Proyecto de Ley sobre el sector de la cultura que no implica ahorro fiscal. En algunos casos el impacto es neutro (no genera ahorro público), en otros incluso representa un costo fiscal (se pierden recursos). Sin embargo, esto tiene un impacto severo en términos de pérdida de empleos y especialmente en generación de contenidos y producciones culturales propias.
Esta clase de problemas hacen dudar seriamente del perfil técnico de estas propuestas, a la vez que presentan severas dudas sobre la efectividad de los recortes propuestos. Tampoco hay garantías de la viabilidad social y política del ajuste, e incluso ex funcionarios del Fondo, lo señalan.
Por otro lado, el FMI señala que las autoridades argentinas reforzaron la protección social. Sin embargo, sólo se anunció una contención sumamente insuficiente a través de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, que alcanzan a menos de la mitad de las personas que están debajo de la línea de pobreza. No sólo no se anunció ningún refuerzo de la protección social para dicho sector de la población, sino que se frenaron las actualizaciones de los montos de programas como el Potenciar Trabajo –destinado a personas que desempeñan alguna actividad de la economía popular y necesitan fortalecer sus ingresos–. De modo acelerado, en un contexto de alta inflación, esto implicará una destrucción brutal del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs formales e informales, de la economía popular, así como de las personas jubiladas y pensionadas.
El debilitamiento (e incluso cancelación) de programas de protección social, en particular de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social frente a los efectos de la crisis, lesiona de manera directa los derechos humanos a la protección social, la vivienda, alimentación, y salud física y mental, entre otros. Es someter –de manera previsible y directa– a un elevadísimo número de personas a una serie de tratamientos crueles y degradantes.
En paralelo, el FMI se muestra orgulloso de contar con una “estrategia de género” para definir sus políticas. Sin embargo, mantiene un silencio cómplice frente a las conocidas consecuencias diferenciadas de la crisis económica y las medidas para afrontarla sobre los hombros de las mujeres, que se encuentran sobrerrepresentadas en los sectores de bajos ingresos y en la economía informal. Es decir, no considera que estas medidas pueden ser violatorias de las convenciones internacionales que protegen los derechos de las mujeres, lxs niñxs y personas LGBTIQ+, y que la vulnerabilidad económica puede exponerlas a mayor violencia.
Asimismo, el FMI afirma que la actual gestión de Gobierno está tomando medidas para potenciar la industria energética y minera. A pesar de contar el FMI con un marco para impulsar y fortalecer las políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, no existe ningún esfuerzo explícito ni implícito para que el país implemente políticas de producción energética en línea con los compromisos climáticos internacionales. En efecto, no considera que las principales fuentes de acumulación de reservas son la propia recesión (que reduce la demanda por importaciones) y las exportaciones primarias: el complejo cerealero oleaginoso (el principal factor de estabilización), el litio y el gas en yacimientos no convencionales. En todos estos rubros se apunta a equiparar precios locales con los internacionales, dejando de lado las necesidades de la población argentina, para consumo energético o alimentario. La acumulación de reservas para el pago de deuda depende de empobrecer al país y maximizar la explotación primaria. Además, el FMI omite los cambios que impulsa el gobierno para desproteger bosques, glaciares y otros recursos naturales y así favorecer industrias extractivas.
En ese escenario, el propio gobierno anuncia –y el FMI se hace eco–, que la situación va a empeorar, con la promesa de luego mejorar. Pero no queda claro ni cómo, ni cuándo ni para quiénes llegará esa mejoría. En cambio, los efectos perversos del modelo que el FMI fomenta se están haciendo rápidamente palpables para la mayoría de la población.
Ni el FMI ni el gobierno argentino están por encima de los derechos humanos. La población argentina está sufriendo de manera profunda y violenta las consecuencias económico-sociales de las políticas de ajuste y reformas estructurales pro-mercados desregulados que el gobierno está implementando bajo los auspicios del FMI. El empobrecimiento de una enorme porción de la población provocado por la mega devaluación y la altísima inflación, sumado a la ya elevada tasa de pobreza e indigencia, sin el despliegue simultáneo de políticas de protección de los sectores más expuestos a la crisis, llevará al país a una crisis humanitaria. La imposición de políticas económicas que generan de manera directa y previsible grave sufrimiento humano podría equivaler a tratos crueles, degradantes e inhumanos en el derecho internacional.
El FMI en ningún momento considera el avance antidemocrático que representa que muchas de las reformas que celebra hayan sido dispuestas por un Decreto de Necesidad y Urgencia que incumple de manera grosera los requisitos constitucionales. Tampoco tiene en cuenta que a través del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación” y el Proyecto de Ley mencionado previamente, se cercena el libre ejercicio del derecho a la protesta social, a la libre circulación y reunirse en lugares públicos, por ejemplo, al convertir en actos criminales conductas comúnmente observadas en manifestaciones sociales, instalar un sistema de multas para personas y organizaciones que participen en protestas, y desproteger a quienes se manifiestan. Tal como sucede en regímenes totalitarios, la protesta social pasa de ser parte de la vida democrática a ser un delito contra el orden público.
El apoyo del FMI, expresado a través de su comunicado y del desembolso de fondos sin ningún reparo en relación a los efectos de las medidas, lo hace responsable por complicidad con esta política económica y social que provoca previsibles violaciones de derechos humanos, no solo económicos y sociales, sino también civiles y políticos.
Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad – ETFE
Firmas:
Sergio Anchorena (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Martín Schorr (IDAES – UNSAM – CONICET)
Sergio Juan Arelovich (Universidad Nacional de Rosario)
Mariana Mondini (CONICET, Universidad de Buenos Aires)
Nire Roldán (Concejalía Popular de Rosario)
Masino Maria Aurelia (Universidad de Rosario)
Norberto Ferrari (abogado laboralista)
Gabriel Montes Rojas (CONICET, Universidad de Buenos Aires)
Matilde Bruera (CEIDH, Universidad de Rosario)
Hectór Raúl Gaspary (CEIDD; Universidad de Rosario)
María Karina Forcinito (Universidad Nacional de Gral Sarmiento)
Francisco José Iturraspe (Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario)
Jorge Cernadas (Universidad de Buenos Aires)
Ayelen Alvarez (ATE Desarrollo Social)
Georgina González Gartland (Universidad Nacional de General Sarmiento)
Juan Pablo Bohoslavsky (CONICET, Universidad Nacional de Río Negro)
Pablo Javier Bürki (CEIDD, Universidad Nacional de Rosario)
Julián Gallego (CONICET, Universidad de Buenos Aires)
Martha Andrada (CEIDD, Universidad de Rosario)
Adrian Falco (Latindadd)
Alejandro Gaggero (ACIJ)
Claudio Maiz (CONICET, Universidad Nacional de Cuyo)
Lorena Verzero (CONICET, Universidad de Buenos Aires)
Jimena Pesquero Bordón (Universidad de Buenos Aires)
Lola Proaño (Universidad de Buenos Aires)
Monica Berón (CONICET, Universidad de Buenos Aires)
Luis Emilio Pravato (Universidad Nacional del Comahue)
Ricardo Anibal Guichón (CONICET)
Federico Sibaja (Recourse)
Natalia Aruguete (CONICET, Universidad Nacional de Quilmes)
Gustavo García Zanotti (CONICET, Universidad Nacional de Rosario)
Gabriel Giorgi (CONICET, Universidad de San Andrés)
Sonia Araya (Universidad de Buenos Aires)
Yaku Pérez (Somos agua)
Lena Lavinas (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Anselmo Torres (Universidad Nacional de Rio Negro)
Francisco Verbic (Universidad Nacional de la Plata)
Lucas Martinelli (Universidad de Buenos Aires)
Carlos Eduardo Caldarelli (Universidade Estadual de Londrina)
Enrique Gandolfo (Secretario General CTA Bahía Blanca)
Candelaria Botto (Universidad de Buenos Aires)
Patricia Trópia (Universidade Federal de Uberlândia)
Luis Alfredo Genga (UnTER)