Cuarenta y siete comunidades indígenas del pueblo Mbya Guaraní de Misiones denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la presentación, realizada el 20 de octubre, reclamaron que sea considerado responsable por la violación de diversos derechos del pueblo guaraní en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre ellos, se encuentran sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, a la igualdad y no discriminación, a la participación política. También los derechos a la personalidad jurídica y a las garantías judiciales.
El 11 de diciembre la CIDH aceptó formalmente la petición y la trasladó al Estado para que presente sus observaciones a más tardar el 11 de abril de este año. Es la primera vez que la Comisión le da un trámite tan rápido a una petición o denuncia contra el Estado argentino.
El reclamo de las comunidades es por la falta de reconocimiento de su preexistencia étnica en la Constitución de la provincia y las consecuencias que eso genera, entre ellas discriminación por razones étnicas. En todo este proceso se vulneraron sus garantías judiciales y la protección judicial de las comunidades.
Desde 2003 la ley provincial 4000 prevé una enmienda para que se incorporen los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución de la provincia de Misiones. El Poder Ejecutivo provincial omitió sistemáticamente la obligación de convocar al referéndum que establece la ley, lo que desencadenó en un juicio. La denuncia realizada hace 15 años tuvo un extenso recorrido judicial. Entre varias instancias fue tratada por la Suprema Corte provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante el rechazo del máximo tribunal, el pueblo Mbya Guaraní elevó el reclamo a la CIDH exigiendo al Estado una respuesta.
“Se trata de violaciones denunciadas contra el Estado argentino, así como el incumplimiento de normas convencionales, por su accionar comisión u omisión, que imposibilitan el reconocimiento del pueblo Mbya en la Constitución de Misiones”, explicó uno de los abogados de las comunidades, Julio García.