Se cumplen 30 años del asesinato del soldado Omar Carrasco en un cuartel de Zapala, en Neuquén, un crimen que conmocionó a la opinión pública a mediados de los años 90. La investigación de la muerte expuso las prácticas humillantes que sufrían los colimbas en sus ingresos a los cuarteles. Carrasco fue torturado, su cuerpo escondido y el crimen tuvo distintas capas de encubrimiento, entre ellos el de inteligencia militar. La repercusión que tuvieron estos hechos llevó a que el gobierno de Carlos Menem dispusiera el final del servicio militar obligatorio.
El joven de 20 años había llegado al Grupo 161 de Artillería desde la localidad neuquina de Cutral Co el 3 de marzo de 1994 para cumplir con la conscripción. A los tres días de haber sido reclutado se lo declaró desaparecido y desertor. Su cuerpo apareció el 6 de abril a 700 metros de la compañía donde ingresó. Fue durante un segundo rastrillaje, que pasó por el mismo lugar donde 15 días antes no habían encontrado nada. Tenía signos de haber sido torturado y las pericias determinaron que fue escondido durante varios días en un lugar húmedo y oscuro y que luego lo trasladaron al sitio donde lo descubrieron.
La investigación determinó que Omar fue víctima de prácticas de abuso y humillación frecuentes en el servicio militar. Según la causa, el subteniente Ignacio Canevaro “bailó” a Omar al menos por 20 minutos. Otros dos soldados, Víctor Salazar y Cristian Suárez, le escondieron el lampazo con el que debía limpiar. También, por otros relatos, se reconstruyó que Omar era blanco del acoso de Canevaro. Ellos fueron los últimos que lo vieron con vida.
Después de dos años, Canevaro recibió una condena de 15 años de prisión por homicidio simple, en tanto que Suárez y Salazar fueron sentenciados a 10 años por el mismo delito. Al sargento Carlos Sánchez le impusieron una pena de tres años por encubrimiento. La Cámara de Casación y la Corte Suprema confirmó la sentencia ante sucesivas apelaciones.
La declaración del ex capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle en la causa penal fue determinante porque puso al descubierto el encubrimiento institucional por parte del Ejército, especialmente del área de inteligencia militar. Tras brindar testimonio, Correa Belisle sufrió distintas represalias: fue arrestado durante tres meses, se le inició un juicio por irrespetuosidad y finalmente fue expulsado de la fuerza. El CELS lo acompañó en la denuncia ante el poder judicial por aquellas represalias. Las acciones de encubrimiento realizadas por inteligencia del Ejército nunca fueron investigadas en profundidad ni dilucidadas.
Las torturas, el asesinato de Omar y su desaparición forzada fueron derivaciones extremas de prácticas institucionalizadas centradas en el abuso y la humillación como método para “formar” y disciplinar a los jóvenes varones a través del servicio militar obligatorio. El escándalo por su muerte llevó al fin de esa institución militar porque dejó en evidencia que era incompatible con la vida democrática.