El presidente Javier Milei y las máximas autoridades del país repiten formas de negacionismo y relativismo del terrorismo de Estado. Hemos visto homenajes en cuarteles militares a represores condenados por delitos de lesa humanidad con el aval de las autoridades políticas. Estos mensajes, que habilitan la violencia estatal y la crueldad, son corrosivos para la sociedad y abren muchos interrogantes sobre la formación democrática de los jóvenes que se inician en la carrera militar.
El avance castrense sobre áreas civiles del gobierno es significativo. Militares retirados ejercen numerosos cargos políticos, que a lo largo de estos cuarenta años de democracia fueron ocupados por civiles. En algunos casos, estas funciones atentan contra la demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, ya que el gobierno ha puesto militares a ejercer funciones de inteligencia nacional o prevención del delito. Otros funcionarios y legisladores son civiles, pero se reconocen a sí mismos como integrantes de “la gran familia militar” y representan esos intereses. En el mismo sentido, frente al grave crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico, el gobierno se encamina a militarizar la política de seguridad.
En conjunto, verificamos un retorno de sectores militares a la vida política argentina, una participación que había sido limitada por acuerdo de los sucesivos gobiernos y gran parte de las Fuerzas Armadas.
La perspectiva del oficialismo y de algunos sectores de las fuerzas armadas también comienza a permear en las políticas públicas de memoria. Esta transformación está ocurriendo, por ejemplo, en el discurso sobre la guerra de Malvinas: el sector del gobierno que se referencia en la vicepresidenta Victoria Villarruel avanza en lugares importantes desde los cuales se difunde un relato que escinde a la guerra de la política dictatorial.
El discurso oficial retoma y resignifica los valores rectores de la dictadura: quebrar los lazos sociales, la organización y la movilización, suprimir las disidencias, los derechos humanos, la protección estatal, cambiar el régimen económico. Se extiende también la idea de que es necesario ceder derechos e institucionalidad democrática en pos de que alguien imponga el orden.
El pasado siempre es materia de controversias y visiones divergentes sobre lo sucedido, de opiniones, matices, desacuerdos con la forma que otros han tenido de procesarlo. Desde diciembre de 1983, estas diferencias se desplegaron a partir de un pacto básico y fundamental: elegimos la democracia, elegimos el derecho a la organización, la disidencia, la palabra, elegimos que no queremos ir a una manifestación en la calle con miedo a ser reprimidos, elegimos a las Fuerzas Armadas afuera de las instituciones civiles. Este 24, elegimos el Pacto de Marzo.
