El Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe presentó dos denuncias por graves hechos de tortura ocurridos en el penal nro. XI de Piñero. Ocurrieron en el pabellón 23, los días 20 y 27 de febrero, cuando se desencadenó una violenta requisa y golpiza contra los detenidos; y el 2 de marzo, en los pabellones 7 y 8, como represalia luego de un ataque a un colectivo que trasladaba efectivos del servicio penitenciario. Según las denuncias, los agentes habrían aplicado toda una serie de tormentos que incluyen desde el pasaje de corriente eléctrica por el cuerpo (picanas), la aplicación de fuertes golpes que causaron lesiones óseas en los detenidos, abuso sexuales, intento de empalamientos, hasta la realización de submarino seco.
El cuerpo médico forense del Poder Judicial de la provincia revisó a más de 300 personas privadas de su libertad y los informes dan cuenta de que la mayor parte de ellas presentó lesiones compatibles con los mecanismos de tortura denunciados. El hecho, por la magnitud, la violencia desplegada y la multiplicidad de víctimas, es un suceso de una gravedad excepcional respecto las torturas y malos tratos que se registran de manera reiterada en los sistemas de encierro del país y amerita una respuesta judicial efectiva y diligente que identifique a todos los responsables.
Estos episodios ocurren en un contexto en el cual el gobierno provincial y nacional despliegan una inusitada espectacularización del castigo, como respuesta irresponsable a la crisis de seguridad que atraviesa la provincia.
La situación en Rosario en particular es muy preocupante y exige estrategias y respuestas a la altura de la complejidad del conflicto, que tengan como objetivo desarmar las capacidades operativas de las bandas criminales y no entablar una disputa comunicacional con ellas que solo logra escalar la violencia. En las cárceles el control penitenciario es necesario para limitar la continuidad de la dinámica violenta que estas bandas tienen en las calles. Pero para esto es fundamental abordar una cuestión central, ausente de la agenda política: hoy el servicio penitenciario es parte del problema, ya que funciona como agente facilitador de hechos delictivos dentro de los penales. Bajo ningún punto de vista la salida de la crisis que atraviesa la provincia puede darse a través de la multiplicación del castigo desmedido y la naturalización de graves violaciones a los derechos humanos.
Estas circunstancias nos convocan a exigir que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial se activen, que dejen de ser parte del problema y pasen a ser parte de la solución. Nos convoca también a buscar respuestas que no nos lleven a una crisis de violencia mayor, provocada ya no por la inacción sino por la decisión de las autoridades estatales.