El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que existieron maniobras para impedir deliberadamente que se conozca la verdad y se haga justicia por el atentado a la AMIA, cometido hace 30 años y en el que murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas.
Por una parte, la sentencia ratificó la culpabilidad de funcionarios judiciales, políticos y de la ex SIDE por la implementación de esas maniobras. Por la otra, descartó que se haya encubierto intencionalmente la pista que vinculaba a un allegado a Menem con el atentado, por lo que absolvió a los condenados en el juicio oral por encubrimiento.
Según el fallo, el daño cometido a la investigación ha perjudicado “de manera casi irreversible la averiguación de la verdad”. Sin embargo, las penas fijadas a los funcionarios condenados por estos graves hechos no resultan proporcionales a la magnitud de semejante daño ni al reproche que merecen.
El pago a Telleldín
Los jueces Carlos Mahíques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña consideraron que efectivamente se desvió la investigación para involucrar a un grupo de policías bonaerenses que nada tenían que ver con el hecho. También juzgaron probado que fue ilegal el pago del ex juez Galeano a Telleldín con dinero reservado de inteligencia para hacer esta acusación falsa.
En este sentido, y a pedido de Memoria Activa, el tribunal revocó la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y los condenó a dos años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de los policías. Esta pena, sin embargo, resulta muy cercana al mínimo previsto para los delitos atribuidos.
Además, también desestimaron la absolución de Patricio Finnen, condenándolo a dos años de prisión como partícipe necesario de peculado. Finnen era considerado la mano derecha del titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy y, según las declaraciones, fue quien llevó al juzgado de Galeano el dinero que se entregó a Telleldín.
La pista Kanoore Edul
Con la jueza Ledesma en disidencia, los jueces de Casación sostuvieron que no quedó probado el encubrimiento de la “pista Kanoore Edul”, que vinculaba al empresario allegado a la familia Menem con el atentado.
En este fallo y de manera arbitraria, los jueces Mahíques y Barroetaveña resolvieron la absolución de todos los involucrados en la pista. Es este, sin dudas, un grave retroceso en la causa y en el camino hacia lograr verdad y justicia.
La responsabilidad de Irán, una hipótesis poco novedosa
Uno de los aspectos del fallo que mayor difusión pública tuvo fue el voto particular del juez Mahíques, el cual pretendió instalar que el atentado ya está resuelto, y que Irán y la organización Hezbollah son los responsables, cuando no hubo condena judicial alguna contra ellos.
Esta hipótesis no es novedosa y no debe ser descartada. Sin embargo, debe resaltarse que fue precisamente el accionar delictivo de los encubridores el que impidió que la información de inteligencia en la que se sustenta esa acusación sea confirmada con prueba judicial suficiente para una condena penal.
Ese mismo accionar encubridor explica que los dos juicios en los que se intentó determinar la responsabilidad de la supuesta “conexión local” del atentado terminaran en absoluciones.
Otras consideraciones del juez Mahíques que fueron ampliamente difundidas tampoco son novedosas: el atentado fue declarado como delito de lesa humanidad en 2006.
30 años de lucha
La ausencia de justicia llevó a Memoria Activa a denunciar al Estado argentino en 1999 ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Junto al CELS, el reclamo se sostuvo hasta llegar a su Corte, que fallará prontamente en el caso.
Allí reclamamos que el Estado instrumente todo lo necesario para realizar una investigación eficaz del atentado y su encubrimiento con la voluntad de no utilizar el caso con fines políticos. También solicitamos la implementación de reformas y medidas que logren abrir y sistematizar todos los archivos de inteligencia (la modificación de la ley de inteligencia, la regulación de la incorporación de prueba de inteligencia a causas judiciales y la creación de un cuerpo de investigación federal especializado). Sin estas decisiones, la responsabilidad material del atentado seguirá sin estar probada judicialmente.
La historia del caso AMIA es la historia del esfuerzo por derribar el secreto. Secreto sobre el expediente, sobre el uso de los fondos reservados de inteligencia, sobre la documentación producida por la ex SIDE y otras dependencias estatales. Será difícil alcanzar alguna vez una verdad jurídica e histórica que repare, al menos parcialmente, el dolor de los familiares de las 85 víctimas fatales que dejó el atentado.
La impunidad en el caso AMIA no es una fatalidad del destino ni sucedió espontáneamente como algunos jueces, políticos, dirigentes comunitarios y medios pretenden instalar. Aunque a contracorriente y en soledad, hemos logrado demostrar que esa impunidad se construyó de forma deliberada desde las más altas esferas del Estado argentino. Por ello, lo hemos denunciado en el pasado y lo ratificamos hoy: recurriremos ante la Corte Suprema de Justicia todos los aspectos cuestionables de este fallo de Casación.
A 30 años del atentado a la AMIA, justicia, justicia perseguiremos.
Memoria Activa
Centro de Estudios Legales y Sociales