Luego del trabajo del CELS junto a otras organizaciones, que incluyó la presentación de un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, participamos de una audiencia de Opinión Consultiva sobre emergencia climática que se realizó en Barbados. En nuestra presentación sostuvimos que para hacer frente a una crisis climática tiene que haber recursos y políticas fiscales que los generen y movilicen. Junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Center for Economic and Social Rights y la Ruta del Clima, planteamos que para posibilitar medidas para combatir la crisis climática es indispensable que la Corte desarrolle estándares sobre política fiscal en su opinión consultiva.
En nuestra región, los sistemas fiscales son regresivos, porque la carga impositiva no es proporcional a la capacidad de pago de las personas. Eso afecta directamente a los sectores más vulnerables. Latinoamérica es una de las regiones con mayores niveles de deuda y también de exposición a las consecuencias del cambio climático. A pesar de eso, muchas veces para los Estados las obligaciones de deuda prevalecen sobre las obligaciones ambientales y los países destinan más recursos al pago de la deuda que a acciones climáticas.
En nuestra exposición señalamos que la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano, depende de la disponibilidad de recursos. La mitigación y adaptación al cambio climático, así como la reparación de las pérdidas y daños que provoca, exige financiamiento.
Sin embargo, la estructura financiera latinoamericana atenta contra la gestión de acciones climáticas contundentes porque sus políticas fiscales se centran especialmente en impuestos indirectos, cuyo problema es que no contemplan la capacidad de pago de las personas y resultan generalmente regresivos. La política fiscal puede contribuir a garantizar derechos a través de la asignación de recursos o registrar regímenes ineficientes o regresivos.
En América Latina y el Caribe existe un vínculo problemático entre endeudamiento soberano y crisis climática. Por un lado, las urgencias causadas por los eventos climáticos llevan a los países a endeudarse para hacer frente a sus consecuencias. Latinoamérica, que poco contribuyó al cambio climático, hoy sufre sus peores consecuencias, teniendo que recurrir a créditos otorgados por los países que más contribuyeron o por instituciones financieras internacionales donde estos países toman las decisiones, aumentando el peso de la deuda. Por otro lado, la necesidad de pagar la deuda limita los recursos destinados a políticas para combatir el cambio climático. En 2021, los países de ingresos más bajos destinaron más de cinco veces la cantidad de dinero en servicios de deuda externa en comparación con lo invertido en proyectos de acción climática.
El pago de la deuda suele implicar modelos económicos incompatibles con la lucha contra el cambio climático. En economías orientadas a la exportación de materias primas, como la mayoría de América Latina, la necesidad de reembolsar la deuda en divisa extranjera presiona para la sobreexplotación de los recursos naturales e inversiones en sectores extractivos y la agroindustria.
El caso de Argentina ilustra esta situación a la perfección. Actualmente se está realizando un ajuste del gasto público, afectando las obligaciones de derechos humanos y ambientales. En el primer trimestre de 2024 se ejecutó un 96% menos que en el mismo período de 2023 en las partidas etiquetadas como “presupuesto ambiental y cambio climático”. Sin embargo, en ningún momento se pusieron en duda los beneficios tributarios que reciben las industrias extractivas y que implican una gran pérdida de recaudación: por ejemplo, a través del régimen de promoción de la actividad minera, solo en 2023 se dejaron de recaudar más de $58 mil millones, equivalente a todo el presupuesto inicial del ex Ministerio de Ambiente. El Fondo Monetario Internacional, a la cabeza de los acreedores del país, celebra este modelo económico pasando por alto estas cuestiones.
Por eso, solicitamos a la Corte IDH que reconozca la importancia del cuidado de los bienes y derechos ambientales y de reducir la dependencia de los ingresos de los sectores extractivos, y que desarrolle estándares sobre la obligación de los Estados de que las decisiones sobre deuda externa cumplan con estándares derechos humanos y protección del ambiente, así como sobre la obligación de Estados e instituciones internacionales de brindar asistencia y cooperación internacional para enfrentar el cambio climático, entre otras cosas.