Tras la 8va revisión técnica del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado en el que elogió la política económica del gobierno nacional, destacando “esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones”.
Antes de la reunión del directorio ejecutivo del organismo donde se debe terminar de aprobar un nuevo desembolso del acuerdo de deuda externa, distintas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil le enviamos una nota para transmitir nuestra preocupación por las graves consecuencias sociales del plan de ajuste implementado por el gobierno argentino, en contraste con su pronunciamiento del 13 de mayo. Como parte de la presentación, le solicitamos al organismo que nos otorgue una reunión para brindar nuestros aportes y que nos envíe los análisis que hizo para evaluar los impactos de las reformas económicas en materia de igualdad de género y medio ambiente.
A continuación, compartimos la carta completa y las firmas que la acompañaron:
Ref.: Octava revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado de Argentina
Buenos Aires, 28 de mayo de 2024
Al Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional
El 13 de mayo último el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que el personal técnico y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la octava revisión del acuerdo de Servicio Ampliado, lo que habilitaría el correspondiente desembolso de dinero. Acompañaron el anuncio con un comunicado en términos muy elogiosos de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno nacional. Afirmaron que los resultados fueron “mejores de lo esperado” y que las metas se “sobre cumplieron”, considerando principalmente el superávit fiscal del último trimestre y la caída de la inflación. Respecto de los insoslayables costos sociales que se han pagado para alcanzar esos resultados, el comunicado sostiene que “las autoridades han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones”.
Esta última afirmación contrasta con la realidad social de una manera abrumadora. No sólo no se han realizado “esfuerzos significativos” para proteger a esta población sino que el ajuste ha recaído de manera desproporcionada sobre quienes viven de su jubilación, sobre las mujeres y sobre los niños y niñas, a partir de decisiones expresas del Gobierno nacional.
En primer lugar, de 43 políticas de cuidado nacionales, destinadas principalmente a mujeres, niños y niñas, y personas mayores, 21 fueron desarmadas, 15 están en estado de alerta y solo 7 se encuentran vigentes. Todas las políticas de ampliación de la infraestructura de cuidado, incluyendo escuelas y residencias para personas mayores, se encuentran paralizadas y sin ejecución, aumentando la carga de cuidado en el hogar. También se suspendió el envío de alimentos a alrededor de 44.000 comedores. En este contexto, UNICEF alertó que el presupuesto nacional destinado a niñez muestra una caída del 75% en términos reales, y que de mantenerse las tendencias actuales, la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 llegaría al 70% y la indigencia al 34%.
La aceleración de la inflación en los primeros meses de gobierno impactaron en especial en la canasta básica total, que es usada para medir el límite de ingresos para salir de la pobreza. En abril de 2024, el valor para una persona adulta fue de $268.012 (equivalentes a US$299 al tipo de cambio oficial) y para un hogar de 4 integrantes fue de $828.158 (equivalentes a US$923 al tipo de cambio oficial). En términos comparativos, el salario mínimo, vital y móvil alcanzó ese mes los $221.052 (equivalentes a US$247 al tipo de cambio oficial), es decir un 82% de la canasta de pobreza para una persona adulta y apenas un 27% de la canasta para un hogar de 4 integrantes. En el caso de las jubilaciones mínimas, que son mayormente cobradas por mujeres, se abonaron $171.283 ese mes (equivalentes a US$191 al tipo de cambio oficial), es decir, apenas un 64% de la canasta básica para una persona adulta. Las jubilaciones mínimas han perdido alrededor del 20% de su valor en los primeros tres meses de gobierno.
Los datos demuestran que de cada $100 de ajuste, alrededor de $37 correspondieron a recortes en jubilaciones. Además, lejos de querer proteger a los/as jubilados/as y a las mujeres del impacto del ajuste, el Gobierno incluyó en la última versión del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” -en discusión en el Congreso al momento de la evaluación del FMI- la eliminación de la ley de plan de pagos de deuda previsional, N° 27.705. De aprobarse, 240.000 mujeres que hoy están en condiciones de acceder a una jubilación, no podrán hacerlo.
De esta manera, lejos de haber realizado “esfuerzos significativos” para asistir a mujeres, niños/as y jubilados/as, éstos grupos han sido los más afectados por la política de ajuste brutal implementada en estos cinco meses de gobierno.
A su vez, hay otras iniciativas del gobierno que nos preocupan por sus implicancias en los derechos humanos y en el medio ambiente.
El proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” apunta a reducir la carga impositiva de quienes tienen mayor patrimonio, al bajar el impuesto a los Bienes Personales, mientras aumentan los impuestos para las personas con menos ingresos con la suba del monotributo para las categorías más bajas. Esto se complementa con una nueva propuesta de condonación de impuestos por activos no declarados en el exterior, que favorece a los sectores más ricos de la población que evadieron tributos en el pasado. Estas propuestas también contrastan con el comunicado, según el cual el programa seguirá enfocado en avanzar en reformas que mejoren “la progresividad del sistema tributario”.
En este mismo proyecto de ley se pretende impulsar el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) -artículo 162 y siguientes del proyecto-. Este régimen otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a 30 años a los grandes inversores nacionales y extranjeros, incluyendo la libre disponibilidad de divisas, sin la obligación de cumplir ningún requisito, ni de contratar trabajadores/as argentinos/as. Nos preocupa particularmente la omisión de la dimensión socio ambiental, considerando que con este régimen muy probablemente se beneficiará a proyectos forestales, de hidrocarburos y mineros vinculados al cobre y el litio, entre otros. No existen requisitos, ni sanciones, ni ninguna consideración a los eventuales pasivos ambientales de estos proyectos. Esta omisión contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270). Esta iniciativa se enmarca en las reformas estructurales “para atender los obstáculos a la productividad, la inversión privada y el empleo formal”, como uno de los “entendimientos claves” referidos en el comunicado.
Finalmente, el comunicado omite que los resultados de política económica se alcanzaron por medidas insostenibles en el mediano plazo. En particular, el comunicado elogia la acumulación de divisas por parte del Banco Central, pero no considera que esto ocurre a merced de un desplome de las compras al exterior -por la propia recesión- y la acumulación de deuda por las compras efectivamente realizadas. También elogia el superávit fiscal, sin considerar que se ha logrado en base a la paralización completa de la obra pública, la postergación de pagos a CAMMESA para que salde su deuda con las empresas generadoras de energía, entre otras decisiones que no son sostenibles en el tiempo.
Nos preocupa que el organismo emita comunicados públicos con información falaz. Más aún, que el Directorio Ejecutivo del Fondo siga apoyando un programa de gobierno que ha tenido como principal resultado el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Cabe recordar que el Fondo tiene la obligación de cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, por ser un órgano de esta organización, la cual tiene entre sus principios la protección de los derechos humanos.
En consecuencia, solicitamos al Directorio Ejecutivo que tenga a bien:
1.Otorgarnos una reunión para aportar información y brindar nuestra perspectiva sobre la situación de Argentina.
2.Enviarnos los análisis de impacto de las reformas que fueron evaluadas en el comunicado sobre la igualdad de género y el medio ambiente realizados por el FMI.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)
Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd)
Fundación SES
Economía Feminista – Ecofeminita
Futuros Mejores
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)
Francisco J Cantamutto (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur –
Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Juan Pablo Bohoslavsky (CONICET – Universidad Nacional de Río Negro)
Martin Mangas (Universidad Nacional General Sarmiento)
Dr. Arnaud Iribarne (Universidad de Buenos Aires)
Candelaria Botto (Universidad de Buenos Aires)
Marisa Duarte (Universidad de Buenos Aires)
Verónica Grondona (Centro Cultural de la Cooperación)