El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, envió al Congreso una serie de proyectos de nuevas leyes y reformas del Código Penal. El “paquete” está compuesto por la ley de reiterancia, la ampliación de la legítima defensa, el agravamiento de la resistencia a la autoridad, una modificación a la ley de datos genéticos y la ley “anti mafias”.
Todo el paquete tiene como orientación general aumentar las atribuciones policiales, debilitar los controles y limitar las garantías de las personas acusadas de cometer delitos. Esto parte de un diagnóstico errado sobre las verdaderas dificultades que tienen el aparato de seguridad, como los jueces y fiscales para investigar y prevenir delitos, especialmente aquellos graves ligados a mercados ilegales. Supone que estas dificultades provienen de problemas del marco normativo: las penas serían muy bajas, las facultades de las policías y los ministerios públicos inadecuadas y obstaculizadas por las garantías propias del Estado de Derecho.
Mezclado con este diagnóstico punitivista aparece, de manera degradada, una discusión válida sobre la necesidad de nuevas herramientas de investigación. Pero esta es, sobre todo, una discusión de capacidades de investigación. El “paquete” no aporta nada en este sentido, porque esos problemas no son de marco normativo, sino de formación, diseño, coordinación y funcionamiento de las instituciones. Al mismo tiempo, el problema crítico de la participación de segmentos del Estado como condición de posibilidad para que prosperen negocios ilegales ni siquiera es sugerida. Por el contrario, se dan más facultades y se debilitan los controles a las policías, actor clave de estos mercados.
De aprobarse este paquete, además, existen serios riesgos de agravar problemas como la violencia y la arbitrariedad policial y el hacinamiento en las cárceles, y de consolidar la expansión de redes criminales integradas o protegidas por policías, políticos, jueces y actores del sistema financiero.
Por ello, estas propuestas deben ser rechazadas por el Congreso, para dar lugar a una discusión mucho más amplia sobre las verdaderas causas y soluciones a los problemas de violencia criminal que se registran hoy en la Argentina.
Ley “anti-mafias”
Se la presenta como una herramienta contra el crimen organizado. Para ello otorga facultades extraordinarias al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas de seguridad para establecer “zonas sujetas a investigación especial” en aquellas áreas en las que se supone que está actuando una organización criminal. En esas zonas se establecería un verdadero estado de excepción, ya que prácticamente no habría controles ni límites para lo que los fiscales y policías podrían hacer allí en términos de allanamientos y detenciones. Los criterios para identificar cuándo estaría actuando una “organización criminal” en una zona específica son especialmente vagos e indefinidos, lo cual puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades. Pero además esos criterios orientan claramente la intervención hacia los barrios pobres, con lo que la idea de “organización criminal” quedaría circunscrita a aquellas organizaciones que actúan en villas o asentamientos. Esta idea sesgada y estigmatizante deja por fuera los aspectos más críticos del funcionamiento de las organizaciones criminales: su financiamiento y su sostenibilidad a partir de la connivencia con policías, políticos y funcionarios judiciales. Es decir, este proyecto garantiza que las organizaciones criminales puedan seguir existiendo y prosperando, al tiempo que se apunta contra sus eslabones más débiles y fácilmente reemplazables.
“Ley de reiterancia”
El proyecto propone modificar el código penal y el código procesal penal para introducir la figura de la “reiterancia delictiva” como criterio para dictar una prisión preventiva a una persona que esté siendo investigada por un delito. La “reiterancia” implica que si la persona investigada anteriormente o en el mismo momento fue o está imputada en otra causa penal, ese hecho ya justifica dejarlo detenido preventivamente. El proyecto va más allá aún: los jueces podrían dictar la prisión sólo con evaluar que existe un “peligro de reiterancia”. Es decir, el gobierno pretende legalizar el uso indiscriminado de la prisión preventiva, que ya no sería una medida para resguardar el proceso penal ante una posible fuga o entorpecimiento de la investigación sino una medida peligrosista de prevención del delito. Esta propuesta es violatoria del principio de inocencia. Implica además invertir la carga estatal de investigar los hechos y detener personas antes de una condena sólo excepcionalmente. En la Argentina la prisión preventiva ya viene siendo utilizada como una anticipación del castigo, lo que explica buena parte de la sobrepoblación carcelaria (en el sistema penitenciario federal el 59% de las personas detenidas no tienen condena). La aplicación de la “reiterancia” agravaría aún más este problema.
Legítima defensa y resistencia a la autoridad
Otra propuesta es la ampliación de facultades policiales para usar el arma de fuego y encarcelar personas por “resistencia a la autoridad”. Esta reforma del código penal pretende, en primer lugar, aumentar la cantidad de situaciones en las que los policías podrían usar su arma de fuego (y eventualmente matar personas) sin que tengan que rendir cuentas ante la justicia, ya que busca encuadrar estas situaciones como “legítima defensa” y “cumplimiento del deber”. Este intento de debilitar el control judicial sobre la actuación policial dejaría en la práctica sin efecto los principios de uso de la fuerza letal de proporcionalidad, gradualidad y último recurso. El proyecto propone además quitarle a los familiares o allegados de víctimas de situaciones de este tipo la posibilidad de querellar contra los policías, en contra de las obligaciones del Estado de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, y contradice la Ley Nacional de Víctimas. Una reforma legal de este tipo es un incentivo muy problemático porque promueve la impunidad de posibles ejecuciones policiales. .
La participación de familiares de víctimas y de organizaciones en estas investigaciones es fundamental para desarmar la versión policial que se monta ante casos de violencia policial. Tal como sucedió con el homicidio de Lucas González, entre tantos otros.
La propuesta de aumentar las penas por el delito de “resistencia a la autoridad” también va en la línea de aumentar las posibilidades de arbitrariedad policial. Este delito en casi todos los casos tienen como único elemento probatorio las declaraciones de los propios policías, por eso es una de las herramientas más usadas para detener personas sin orden judicial de manera arbitraria, por ejemplo en el marco de una manifestación pública, o en operativos contra quienes trabajan de la economía popular. En general implica un traslado a una comisaría y la posterior liberación. Al aumentar las penas, se transforma en un delito de cumplimiento efectivo, con lo cual aumenta el poder de extorsión de la policía: una denuncia por “resistencia a la autoridad” ya no implicará estar detenido unas horas y luego salir, sino el riesgo de terminar en la cárcel.
Ley de datos genéticos
La reforma propone modificar la denominada “Ley Ángeles Rawson”, que proponía un criterio restrictivo para el registro de estos datos sensibles, ligado a la comisión de delitos contra la integridad sexual. La propuesta busca ampliar esto en dos direcciones: primero, ampliando la cantidad de delitos, de hecho, a todos los delitos, sin ninguna distinción de gravedad; y, por otro lado, incluyendo en el registro no sólo a las personas condenadas, sino también a las imputadas. Esto implica una medida irrazonable, invasiva y violatoria del principio de lesividad y proporcionalidad. Una “imputación” es un mero señalamiento de que una persona es sospechosa de haber cometido un hecho- esta propuesta llevaría a la incorporación de información genética de todo aquél contra quien se formule una denuncia. Con el agravante de que el proyecto no prevé tiempos máximos de almacenamiento de la información incorporada al registro ni procedimientos para borrar esa información.