A pocas semanas de que se cumplan treinta años del atentado contra la AMIA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por haber privado de verdad histórica y de justicia a las víctimas y a toda la sociedad. Además ordenó reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación.
“A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”, afirmó la Corte en su sentencia.
La Corte condenó al Estado argentino por su responsabilidad en todas las violaciones alegadas por Memoria Activa: la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento.
Entre las medidas más importantes, la Corte Interamericana ordenó que el Estado argentino remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable.
Entre las reformas estructurales, ordenó una reforma normativa que regule el ingreso y el uso de información de inteligencia como prueba en causas judiciales. “Las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o procesos pendientes”, afirmó.
La Corte también ordenó que se regulen los procesos de desclasificación, se garantice el pleno acceso de las víctimas a la información ya desclasificada, que deberá ser conservada de manera adecuada que permita la consulta de toda la sociedad.
Además, ordenó la construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.
La condena de la Corte Interamericana es un hito en la lucha por la justicia que Memoria Activa lleva adelante, desde los primeros momentos posteriores al atentado cuando el gobierno de Carlos Menem, el poder judicial, los servicios de inteligencia y sectores de la comunidad judía apostaron por el encubrimiento y el desvío de la investigación. Apostaron a acordar un relato del hecho pero sin que se pudiera investigar realmente qué fue lo que pasó. Hermanas, padres, esposas, sobrinos, hijos, amigos comenzaron ocupando las calles pidiendo una explicación. No sabían entonces todo lo que vendría, ni los intereses a los que deberían enfrentarse.
Hace dos meses, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el encubrimiento del atentado no fue una fatalidad sino una maniobra deliberada, diseñada y ejecutada en las más altas esferas del poder político. Sin embargo, sostuvo condenas extremadamente bajas, que no tienen proporción con el daño causado. Funcionarios judiciales cuyo trabajo era investigar uno de los más graves crímenes cometidos contra la sociedad argentina en los últimos cuarenta años pero que inventaron una historia falsa, y pagaron sobornos para sostenerla, recibieron una pena menor que la que obtiene una persona por robar un auto. La decisión de revertir este escándalo estará en breve en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los servicios de inteligencia y su arraigo en el sistema político argentino fueron el factor determinante de la impunidad. Desde los primeros minutos posteriores a la explosión y en innumerables intervenciones a lo largo de las décadas siguientes, la causa estuvo controlada por operadores políticos y agentes de inteligencia. Protegidos por el secreto y por la discrecionalidad en el manejo del dinero público actuaron para resguardar intereses que no terminamos de conocer. Este funcionamiento no es exclusivo del caso AMIA. Suelen invocarse “razones de seguridad nacional” para sostener el secreto. Es una coartada: el sistema está protegiéndose a sí mismo, a nadie más.
Treinta años después de la mañana del 18 de julio de 1994, todavía no hubo justicia en la Argentina, todavía no sabemos quién y por qué cometió el atentado. Todavía los archivos que muestran maniobras de encubrimiento y corrupción son secretos para la sociedad argentina. Todavía nadie descansa en paz.
Hoy un tribunal internacional ratificó que el Estado argentino violó los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y que debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación.
Los invitamos a todos a acompañarnos en esta lucha, para que finalmente, el Estado argentino cumpla con sus obligaciones y la justicia, aunque tardía, sea posible.