La fórmula Javier Milei y Victoria Villarruel llegó al gobierno por parte del nuevo partido de derecha La Libertad Avanza, con el apoyo de los referentes del centro-derechista Cambiemos. Este gobierno representa un punto de inflexión en los planos políticos, económicos y sociales. En particular, supone un quiebre en la agenda de memoria, verdad y justicia y un fuerte ataque a la estructura del Estado de Bienestar argentino que, aunque degradado, se destaca en la región por sus prestaciones públicas de salud y educación.
Desde 1983, la Argentina llevó adelante un proceso de construcción de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983). Se consolidó como experiencia-faro de políticas integrales que abarcan el enjuiciamiento y castigo a los responsables de crímenes masivos cometidos durante la última dictadura, la desclasificación y relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la incorporación a la currícula educativa del estudio crítico del terrorismo de Estado, las reparaciones a las víctimas, la búsqueda de bebés y niños apropiados durante la última dictadura, y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria.
En contrapunto con esta historia, el nuevo gobierno promueve una cultura de desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia, y busca colocar al país en las antípodas de lo construido en democracia, bajo diferentes gobiernos y con el compromiso de todos los poderes del Estado. Estas políticas se ven afectadas por una combinación del ajuste general de los fondos públicos, el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras con intencionalidad política.
La actual vicepresidenta Villarruel es hija y nieta de militares, su padre estuvo activo durante la dictadura. Ella es una activista de la defensa de los responsables de delitos de lesa humanidad. En el marco de su trabajo social y político, descalifica la lucha del movimiento de derechos humanos, con un anclaje reivindicatorio de lo actuado por las Fuerzas Armadas luego del golpe de Estado. A su vez, tanto Javier Milei, su vicepresidenta, la ministra de seguridad Patricia Bullrich y otros máximos funcionarios del gobierno, caracterizan a los juicios por crímenes de lesa humanidad como un acto de hostigamiento y humillación a las fuerzas armadas, a las políticas de memoria y educación en derechos humanos como adoctrinamiento, a las políticas de reparación como un “curro” de los organismos de derechos humanos y del colectivo de víctimas, y a las políticas de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas como un “accionar paraestatal”. Esta vertiente busca, según el momento, negar, justificar o hasta reivindicar la actuación militar en la dictadura, habilitar mensajes de hostigamiento hacia el movimiento de derechos humanos y legitimar la violencia estatal en el presente.
La difusión de esos mensajes -en redes sociales, en actos de gobierno- tienen efectos que trascienden al gobierno: aumentan las vandalizaciones de sitios de memoria e incluso militares retirados realizaron un acto reivindicativo en un centro clandestino de detención de la dictadura -la emblemática Escuela de Mecánica de la Armada-, con la anuencia del Ministerio de Defensa.
El abanico de causas que este gobierno rechaza y denosta es mucho más amplio. Si bien llegaron al poder con una amalgama de corrientes ideológicas disímiles e incluso contradictorias, las diferentes vertientes coinciden en el rechazo de los movimientos de ampliación de derechos como los feminismos, los movimientos sociales y sindicales, el colectivo LGTBIQ+, los movimientos ambientalistas, las demandas anti-racistas y los reclamos de las poblaciones indígenas por sus derechos ancestrales en el territorio.
Tal como ocurrió en países en los que la ultraderecha llegó al gobierno como Brasil y Estados Unidos, es una gramática que acusa a estas reivindicaciones y sus logros como parte de un problema global, con encarnaciones locales, y el gobierno vendría a encauzar estos desvíos. Sobre esta base, abogan por un desmantelamiento de sistemas públicos de contención social, apostando a que el mercado es el asignador más eficiente -y más justo, dicen- de recursos.
Es difícil identificar una causa del ascenso de estos proyectos en el mundo y en la Argentina. Podemos pensar que en la medida en que gobiernos progresistas o de centro-izquierda de la región agotaron su capacidad de dar respuestas efectivas a las demandas ligadas a las necesidades cotidianas y a los proyectos de vida, esas demandas y ese malestar -magnificado por la experiencia social y generacional de la pandemia- alimentaron una reacción por derecha.
Una nueva oleada global de radicalidad reaccionaria se emparejó de manera muy pragmática y eficaz con esos viejos conservadurismos que añoraban el “orden” militar, la vigencia de la familia tradicional y el silenciamiento de los “grandes perdedores” de los neocolonialismos que constituyeron a nuestra nación a comienzos de siglo XX: indígenas, pobres, trabajadores, masas rurales alejadas de la Buenos Aires cosmopolita. Son esas las coordenadas que aparecen con fuerza en toda referencia histórica de Milei a un supuesto pasado glorioso de la Argentina: nuestra versión sudamericana del MAGA trumpista.
El experimento libertario en la Argentina es observado por una comunidad internacional atenta a sus resultados. Su éxito puede marcar un tono de mayor radicalización, un segundo ciclo de gobiernos de ultra derecha. Todo esto como parte de un armado trasnacional “en defensa de Occidente” con Estados Unidos e Israel como referencias principales, pero también con importantes alianzas en Europa, entre las que se destacan la derecha española y la húngara.
Hay que decir que las posiciones sobre la dictadura y la legitimación de aquella violencia de estado, están al servicio de las posiciones de seguridad y de defensa en el presente. Una mayor amenaza y despliegues represivos se expresan en el nuevo protocolo de actuación policial que autoriza al ataque con gases de alta toxicidad a cualquier persona que se manifieste obstaculizando la vía pública. En estos 6 meses de gobierno, ya fueron reprimidas manifestaciones de movimientos sociales, trabajadores estatales despedidos, jubilados, militantes de partidos de izquierda y peronistas y activistas en defensa de programas culturales que el gobierno cerró. Recientemente, en la provincia de Misiones, el gobierno nacional incluso envió refuerzos para reprimir a docentes y efectivos policiales que se manifestaban en reclamo de aumentos salariales, por percibir sumas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Cabe destacar que en cada una de esas manifestaciones, la policía hirió gravemente a periodistas y trabajadores de prensa que cubrían los hechos. Esto se encuadra en una estrategia de más amplio alcance de ataque a la libertad de prensa y a los derechos de la sociedad a la información, tal como se vio en el cierre de Télam, la agencia pública de noticias que garantizaba una cobertura periodística de carácter federal y de alcance nacional. Tras su cierre, la mencionada manifestación en la provincia de Misiones pudo ser difundida casi exclusivamente a través de prensa independiente y por registros de los propios manifestantes.
Está prevista la visita del primer mandatario argentino a Alemania durante el mes de junio. El punto cúlmine de su recorrido estará dado por el galardón que recibirá de parte de la Fundación Hayek, honrándolo como uno de los más fieles exponentes de la Escuela Austríaca de Economía por combinar un elogio al individualismo extremo con una confianza ciega en el poder regulador del mercado. Desde la asunción de Milei, en Argentina la pobreza alcanzó al 55,5% de la población y la indigencia un 17,5%. En paralelo, mientras las medidas de protección social atraviesan un período de recorte y su alcance es deficiente, el gobierno impulsa reducciones impositivas para los sectores más ricos del país. En este estado de cosas, aplicar la doctrina de Mises y Hayek sin mediaciones se parece bastante a la crueldad. La comunidad internacional tiene en sus manos señalar esta falta de empatía.
Artículo publicado en alemán en el sitio web de la Fundación Heinrich Böll
Foto: Maria Eugenia Cerruti / CELS