Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes saludamos los esfuerzos realizados en las Naciones Unidas para avanzar en sistemas de cooperación tributaria inclusivos y efectivos. Hacemos un llamado a la movilización de recursos públicos suficientes, que es la piedra angular de la capacidad de los Estados para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos, y abordar las desigualdades extremas y la emergencia climática.
La tributación es la principal herramienta con la que cuentan los Estados para movilizar recursos, y la cooperación tributaria internacional se ha vuelto cada vez más relevante para que ellos puedan ejercer su potestad tributaria de manera efectiva, en un mundo interconectado. Sin embargo, el actual sistema tributario internacional facilita la pérdida de recursos valiosos debido al abuso fiscal, y beneficia sistemáticamente a los países del Norte Global, a expensas de los países del Sur Global y sus pueblos.
En un contexto de crisis interseccionales y de crecientes desigualdades, es urgente reformar la actual arquitectura tributaria internacional para alinearla, de una vez, con las obligaciones de los Estados de garantizar los derechos humanos para todas las personas en condiciones de igualdad. Por eso, celebramos el proceso en curso de negociación de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, para que esta sea más inclusiva y eficaz.
Las próximas sesiones del comité ad hoc encargado de redactar los términos de referencia de la Convención comienzan el próximo lunes 29 de julio. La nueva ronda de negociaciones genera un momento crucial para poner en práctica los compromisos asumidos en etapas anteriores del proceso. También ofrece una oportunidad única para incorporar los deberes de derechos humanos en el texto de la futura convención, que ya han sido introducidos dentro de los principios guía en el actual borrador de los términos de referencia.
En consecuencia, instamos a los Estados a que participen de buena fe en las próximas sesiones y a que cumplan sus obligaciones emanadas del derecho internacional de los derechos humanos, de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos dentro y fuera de sus territorios; de movilizar todos los recursos de que dispongan para la realización de los derechos humanos; de luchar contra todas las formas de discriminación y la desigualdad; de garantizar la transparencia y la participación en su toma de decisiones; y de cooperar en la realización de los derechos humanos.
Instamos concretamente a los Estados a:
- Velar para que el texto final de los términos de referencia sea sólido y ambicioso, y no se limite a cuestiones de procedimiento, como se sugiere en las comunicaciones de algunos Estados miembros en sus respuestas al borrador cero de ese texto;
- Mantener referencias explícitas y claras a los estándares de derechos humanos como uno de los principios de la Convención en los términos de referencia, e incluir una referencia a la Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo;
- Comprometerse a mantener y ampliar en el texto final de los términos de referencia las cuestiones actualmente incluidas en el borrador cero que están en el centro de la agenda de derechos humanos, como la conexión entre la fiscalidad y el clima, y la tributación de los “super-ricos”;
- Introducir referencias explícitas a los principios de equidad y progresividad, y a la igualdad de género.
- Asegurar que las personas más afectadas por el vaciamiento de los recursos fiscales debido al abuso fiscal puedan participar adecuadamente en las próximas etapas de las negociaciones y dentro de la convención marco, asegurando también que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar de manera genuina.
- Asegurar que los países en desarrollo puedan participar de manera genuina, reconociendo y atendiendo sus necesidades específicas.
Los Estados cuentan con una oportunidad única para cumplir con sus obligaciones de cooperar internacionalmente en la realización de los derechos humanos, y utilizar la cooperación fiscal como instrumento para hacer realidad los derechos humanos.
Dayana Blanco, directora ejecutiva, ILEX-Acción Jurídica; integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
Diana Esther Guzmán Rodríguez, directora, Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
Diego de la Mora Maurer, director ejecutivo, Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Horacio Corti, integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
Juan Pablo Bohoslavsky, integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
Magdalena Sepúlveda Carmona, directora ejecutiva, GI-ESCR; integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
María Goenaga, integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
María Ron Balsera, directora ejecutiva, CESR
Nathalie Beghin, co-directora, Inesc
Paula Litvachky, directora ejecutiva, Centro de Estudios Legales y Sociales
Ricardo Martner; integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
Rodrigo Uprimny Yepes, integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
Verónica Grondona; integrante del Comité de Expertos y Expertas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
Pablo Vitale y Eduardo Ferreyra, co-directores de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)